Cofinanciado por la Unión Europea

Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.

Los agricultores necesitan servicios más independientes de consultoría y capacitación para ayudarles a reducir el uso de pesticidas y romper la influencia de las cooperativas de la “gran industria” que les venden sus productos.

El polémico reglamento sobre el uso sostenible de pesticidas (SUR, por sus siglas en inglés), presentado por la Comisión Europea en junio de 2022, pretende reducir a la mitad tanto el uso como el riesgo de pesticidas en la Unión Europea (UE) para 2030.

Para los socios de la agricultura, una pieza fundamental que falta en el rompecabezas es la necesidad de consultoría y asesoramiento independientes para los agricultores, ya que señalan que, tal como están las cosas actualmente, gran parte de los consejos disponibles vienen directamente de aquellos que producen los pesticidas.

“Debemos cortar (ese vínculo) si queremos reducir (los pesticidas) y si queremos dar algunas sugerencias para ayudar al agricultor”, dijo la legisladora francesa Michele Rivasi en un reciente evento organizado por EURACTIV.

Para la eurodiputada verde, el actual sistema de asesoramiento no ofrece suficientes opciones a los productores.

“En francés, lo llamamos cooperativa y en una cooperativa venden semillas, venden pesticidas, etc., y el agricultor no puede tener otra forma de conseguir lo que la cooperativa le ha enviado”, señaló Rivasi.

Asimismo, Diana Lenzi, presidenta del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA), también destacó la necesidad de un asesoramiento independiente y afirmó que quienes capacitan a los agricultores y les dicen qué productos deben usar son los mismos que se los venden.

“Esto crea un conflicto de intereses en el que podemos estar de acuerdo en que probablemente no va a ser esta la metodología que nos va a dar la mejor solución óptima”, dijo.

La capacitación de organismos independientes y la aportación a los agricultores del conocimiento sobre "qué" están usando y "cómo" lo están utilizando es un aspecto clave para Lenzi.

Mientras tanto, Martin Dermine, director ejecutivo del grupo de organizaciones no gubernamentales Red de Acción en Plaguicidas de Europa (PAN), también enfatizó la necesidad de una “mayor ambición y una mayor obligación para los Estados miembros de tener servicios de asesoramiento agrícola de alto nivel" a escala nacional y regional.

Esto puede ayudar a adaptar los consejos a las condiciones climáticas regionales, agregó.

Pero para la directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Fabricantes de Biocontrol, Jennifer Lewis, además de la consultoría independiente, “hace falta reconocer que los fabricantes suelen ser las personas que mejor conocen su producto”.

"Es un poco como una espada de doble filo", dijo, al tiempo que añadió que si "se separan" el asesoramiento y el suministro, "puede que no se permita que el conocimiento real del producto sea accesible para el agricultor".

Lewis también destacó la importancia de involucrarse en las redes de "agricultor a agricultor", en las que los productores aprenden "mirando más allá de sus límites".

Muéstrame el dinero

Sin embargo, Dermine, de PAN, señaló que ampliar el tipo de oferta de asesoramiento para los agricultores tiene un precio.

“Claramente, existe una gran necesidad de invertir dinero para brindar asesoramiento de alta calidad e independiente con vistas a apoyar y tranquilizar a los agricultores en la transición”, dijo, además de considerar que esta es una de las “partes más difíciles” de la propuesta europea sobre el uso sostenible de plaguicidas.

En la actualidad, la Comisión ha previsto que el apoyo a los agricultores para reducir el uso de pesticidas provenga de la Política Agrícola Común (PAC).

Sin embargo, las partes interesadas advirtieron de que el dinero disponible de la PAC sería insuficiente para apoyar esta transición.

“Usar fondos de la PAC significa estirar un presupuesto con el que los agricultores ya están luchando. Y eso ya se ha reformado bastante para mejorar la sostenibilidad de los agricultores”, apuntó Lenzi, del CEJA.

Para Rivasi, de los Verdes, una de las soluciones es el llamado impuesto a los pesticidas, propuesto en febrero por su colega y eurodiputada verde austriaca Sarah Wiener.

“Creo que es bueno proponer un impuesto y también presionar a cada Estado miembro para que tome los fondos de la PAC”, dijo.

Esta propuesta se basa en que los países de la UE introduzcan impuestos basados en el riesgo de los productos fitosanitarios mediante contribuciones de los comerciantes o multas, que luego se incorporarían a un fondo estatal para ayudar a los agricultores que han sufrido pérdidas.

Sin embargo, dado que los impuestos son una competencia nacional, la viabilidad de tal propuesta ha sido repetidamente cuestionada por la derecha del Parlamento Europeo.

“Este es un tema nacional y el SUR no es el lugar adecuado para tener algo así”, dijo el eurodiputado de centroderecha Alexander Bernhuber en una conferencia de prensa en marzo, en la que sostuvo que “no ha escuchado comentarios positivos de los Estados miembros” sobre esa idea.

Este artículo sigue el debate de política "El 'Reglamento sobre el uso sostenible de plaguicidas' - Navegando por el camino hacia una UE más verde", organizado por EURACTIV con el apoyo de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (DG AGRI).