Agricultores y legisladores de la Unión Europea (UE) han dado la bienvenida a las normas de la Comisión Europea sobre prácticas comerciales desleales, pero al mismo tiempo pidieron que esa legislación se aplique plenamente, para proteger a los eslabones más débiles de la cadena de suministro alimentario: sobre todo los pequeños agricultores, según informa la red multilingüe de portales EURACTIV.com, socio de EFE.

La Comisión Europea presentó el pasado 12 de abril (2018) sus tan esperadas propuestas de directiva para luchar contra prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario: con estas propuestas, el ejecutivo de los 28 pretende recuperar el equilibrio en la cadena de suministro alimentario tras las disfunciones creadas por los grandes operadores contra socios comerciales con escaso poder de negociación, entre ellos los pequeños agricultores.

Según la asociación europea de agricultores, Copa-Cogeca, los agricultores sólo reciben, de media, el 21% de participación del valor del producto agrícola, mientras que el 28% es para los procesadores y el 51% para los vendedores minoristas.

Afectados por la volatilidad del mercado, los agricultores de la UE aseguran que necesitan un reparto más justo de la “tarta”, y consideran las propuestas de Bruselas una manera de aportar mayor certidumbre a sus magros ingresos.

“Es de una importancia capital que podamos aumentar los ingresos del mercado para lograr que nuestro sector sea económicamente más sostenible. Por ello, también apoyamos la iniciativa de la Comisión Europea sobre las prácticas comerciales desleales (UTP, por sus siglas en inglés)”, aseguró en declaraciones a EURACTIV.com el secretario general de Copa-Cogeca, Pekka Pesonen.

Un largo listado de abusos

Entre esas prácticas desleales que se quieren eliminar figuran los pagos atrasados para productos alimentarios perecederos, las anulaciones de pedidos en el último momento, los cambios unilaterales o retroactivos a los contratos, o forzar al proveedor a que pague por productos desechados.

“Los vendedores minoristas deberían tener una mayor responsabilidad y ser más puntuales a la hora de pagar a los agricultores. Los retrasos en el pago a los pequeños agricultores pueden desembocar en su quiebra”, aseguró a EURACTIV.com la eurodiputada socialista (Grupo S&D) Daciana Sarbu.

De acuerdo con la Comisión Europea, las nuevas propuestas tienen como objetivo garantizar a los agricultores y a las pequeñas y medianas empresas “más certezas y menos necesidad de gestionar riesgos de los cuales tienen poco o ningún control”.

En ese sentido, en un debate en redes sociales organizado por EURACTIV.com la semana pasada en Bruselas, el eurodiputado del grupo socialista (S&D) Paolo de Castro aseguró que “deben terminarse los días oscuros de las `mágicas´multiplicaciones de precios (en el proceso) del campo a la mesa”.

“Tras más de 10 años en un laberinto legislativo, finalmente el comisario (de Agricultura) Phil Hogan ha pesentado una propuesta global y bastante positiva, que persigue crear una legislación común para la UE contras las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario”, comentó De Castro.

El eurodiputado italiano señaló que se trata de un vital primer paso adelante para impedir esos comportamientos inaceptables, los cuales todavía redundan en una gestión ineficaz y en el desperdicio de alimentos, en detrimento de productores y consumidores de la UE.

“Un mejor y más equitativo funcionamiento de la cadena de suministro alimentario puede eliminar esas situaciones de ineficacia que afectan hoy en día sobre todo a sus actores más frágiles: los agricultores y los consumidores”, subrayó.

Por otro lado, según el eurodiputado Michel Dantin, del Partido Popular Europeo (PPE), los procesadores y vendedores minoristas tienen la responsabilidad colectiva de garantizar que la cadena de suministro alimentario funciona correctamente. “Tienen que garantizar que el eslabón más débil obtiene un precio justo por su trabajo, para velar por su sostenilidad económica y su porvenir”.

Mientras tanto, la eurodiputada del partido Verde Molly Scott-Cato señaló que cuanto más corta sea la cadena de suministro, el productor obtiene más valor en su producto. El productor, agregó, también debería tener mayor control directo sobre sus productos.

“El principal problema al cual se enfrentan los agricultores es que su industria y sus mercados están dominados por un cartel de multinacionales del sector agroalimentario. La fusión Monsanto-Bayer ha empeorado la situación. Tendrían que haberla impedido”, señaló Scott-Cato.

La compleja aplicación de las medidas

En relación con la aplicación de las nuevas normas, los Estados miembros de la UE tendrán que crear una institución pública que imponga “sanciones proporcionadas y disuasivas”.

“Esta autoridad para hacer cumplir la ley podrá iniciar investigaciones por iniciativa propia o en base a una queja. En ese caso, las partes que presenten una queja podrán pedir confidencialidad y anonimidad, para proteger su posición de cara a su socio comercial”, explicó.

Por su parte, Sarbu lamentó que la Comisión Europea no haya propuesto un reglamento, en lugar de una directiva, ya que -dijo- ello habría garantizado una mejor aplicación.

Al mismo tiempo subrayó que las organizaciones de agricultores podrían ayudar a los productores a presentar demandas ante las autoridades competentes acerca de prácticas comerciales desleales.

“Necesitamos una robusta aplicación (de las normas) encabezada por una autoridad independiente que sea capaz de iniciar y llevar a cabo investigaciones y aplicar sanciones disuasorias en caso de no cumplimiento. Llevamos desde 2007 batallando en favor de eso”, comentó Joe Healy, presidente de Copa-Cogeca especialista en cuestiones de la cadena alimentaria.

En opinión de la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC), la falta de un sistema de seguimiento de la aplicación de las normas que esté focalizado en la UE es un handicap.

“Son los Estados miembros quienes deben designar a una autoridad pública para controlar las prácticas prohibidas en cada uno de los Estados miembros. No obstante, no se ha creado ninguna autoridad europea (para velar por la aplicación de las normas). Ese es uno de los principales talones de Aquiles de la propuesta”, lamentó la ECVC.