Sanz también explicó que, entre finales de otoño y principios de invierno, Airbnb deberá incorporar un software que marque como requisito obligatorio la introducción del número de licencia turística, para vetar de esta forma los apartamentos irregulares.

La responsable de Ecología, Urbanismo y Movilidad también pretende crear un nuevo mecanismo de trabajo con el que poder comunicar a la compañía los apartamentos ilegales detectados y que se retiren en un plazo de 24 horas, algo que se materializará a partir de septiembre.

Punto de inflexión

Sanz se mostró satisfecha por la reanudación de las reuniones con Airbnb, iniciadas hace tres semanas, y celebró la "voluntad que hasta ahora no había existido desde Airbnb de cumplir la ley", que calificó de "punto de inflexión".

Aseguró que desde el consistorio se están adelantando a las "nuevas formas de fraude" que van surgiendo, gracias a la información que proporciona su equipo de 80 inspectores turísticos.

Alojamiento ofertado por Airbnb. Foto. Cedida por Airbnb

El ayuntamiento había ofrecido a Airbnb la lista con 1.000 apartamentos turísticos ilegales recientemente y, pese al avance conseguido, esto no implica que todos los pisos que se publiciten a partir de ahora en Airbnb sean legales.

Por su parte, Airbnb explicó en un comunicado que contactará con los usuarios afectados en los próximos días para iniciar la retirada de los anuncios que ha notificado el ayuntamiento como ilegales.

La plataforma considera que se ha producido un "paso adelante en la colaboración de Airbnb y el Ayuntamiento de Barcelona" para trabajar a favor del turismo sostenible, luchar contra los malos actores y "proteger a las familias barcelonesas que comparten su hogar".

Airbnb mostró su voluntad de contribuir al desarrollo sostenible en la ciudad y asegurar que muchos barceloneses puedan beneficiarse de este fenómeno del home-sharing (compartir hogar) en lugar de una minoría.