Los productores habían exigido su activación lo antes posible en esta campaña, ante el «hundimiento» de los precios en origen y el aumento disparado de los costes de producción, mientras que la industria ha rechazado una medida «que rompe el equilibrio de mercado» y recurrirá la norma que lo permite.
La producción de aceite de oliva ascenderá a 1,6 millones de toneladas esta campaña en España, un 23 % más que la anterior, según las primeras estimaciones del aforo, a lo que se suman unas 357.000 toneladas de existencias finales de la anterior campaña (+23 %).
En el último mes los precios en origen han caído un 6 %, según el sistema de información Poolred, mientras que el Observatorio de Infaoliva sitúa el precio medio del aceite de oliva virgen extra en 3,2 euros por litro (el virgen está a 2,8 euros), lejos de los 5 euros que se pagaban hace un año.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que el almacenamiento obligatorio servirá para ordenar el mercado y además es «una garantía para la retribución de los olivicultores».
Planas ha indicado que esta medida también permite una estabilidad sin incremento de precios para los consumidores de aceite de oliva.
Normativa de aplicación
El pasado 30 de octubre, el MAPA publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la norma de comercialización del aceite de oliva que permite activar la retirada del aceite si el nivel de existencias iniciales más las estimaciones de producción de esta campaña 2026-2027 alcanzan el 120 % de la media de la suma de las seis campañas anteriores.
La Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios ha confirmado en su resolución que se cumplen dichas condiciones y ha fijado en un 12 % el porcentaje de aceite de oliva que deberá ser retirado hasta el final de la campaña.
La normativa deriva de un decreto de 2021, basado a su vez en un reglamento europeo (artículo 167 bis) que prevé que los países productores de la Unión Europea puedan regular la oferta ante la previsión de una disponibilidad de aceite que pueda desestabilizar el mercado.
Precedente de la campaña anterior
En la campaña precedente de 2025-2026, el Gobierno publicó la norma de comercialización del aceite de oliva pero no llegó a aplicar la retirada obligatoria de producto, ya que no se daban las circunstancias de una sobreoferta.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado la activación de ese mecanismo por los «riesgos» que plantea para la competencia y los consumidores, el posible encarecimiento del producto y la reducción de su variedad y calidad.
La industria envasadora ya presentó ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la norma del periodo 2025-2026 y ha avanzado que volverá a hacerlo contra la de esta campaña, mientras que diversas organizaciones de productores han salido en su defensa porque protege al agricultor.
Diferencias con el almacenamiento privado
El procedimiento actual nada tiene que ver con las antiguas ayudas europeas al almacenamiento privado de diversos productos, entre ellos el aceite de oliva, que autorizaba la Comisión Europea.
El objetivo de esas ayudas era pagar el coste de dicho almacenamiento durante 180 días, limitando el impacto del exceso de oferta a corto plazo y una caída de los precios.
Ese programa no estaba integrado en el plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) tras su reforma para el periodo 2024-2027, pero forma parte de las medidas de mercado de la UE.
La última vez que se empleó para el aceite de oliva fue en 2019, ante la alta disponibilidad causada por unas existencias iniciales «excepcionalmente elevadas», unidas a la incertidumbre del comercio exterior y los precios bajos.
En España se pagaron 26,9 millones de euros por el almacenamiento de casi 200.000 toneladas a lo largo de cuatro licitaciones.
A diferencia de entonces, el mecanismo actual de retirada es una medida tomada a nivel nacional y no por Bruselas; es más ágil pero no conlleva una compensación económica; y es obligatorio para las almazaras, frente a la anterior opción «voluntaria». EFEAGRO
¿Qué opinan las organizaciones agrarias?
El responsable de aceite de Asaja, José Ugarrio, ha acogido con satisfacción su publicación y ha recordado que su organización, junto a COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España solicitaron al MAPA a principios de octubre la publicación urgente de esta herramienta para «intentar reactivar los mercados y que los precios sean superiores».
El responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, ha afirmado que es una medida que han «peleado mucho» y que es «muy favorable para el sector», porque puede darle «estabilidad a los precios del aceite, tanto para los productores como para los consumidores», ya que el olivar es un «árbol vecero», con la alternancia de años de mayor y menor producción.
El secretario general UPA Andalucía y responsable de Aceite, Jesús Cózar, ha calificado de «histórica» la retirada obligatoria porque «nunca antes se había aplicado en un sector» agrario y en la actualidad «es necesaria por la grave situación del sector, con precios ruinosos en origen».
Desde la Ejecutiva de Unión de Uniones (UdU), Anastasio Yébenes ha confirmado que su organización también reclamó al MAPA su activación y espera que esta medida, «necesaria para sujetar la bajada del precio, le de a este más estabilidad» si el año que viene la cosecha «es más floja», de tal forma que los «dientes de sierra sean menos pronunciados» y no vuelva a estar a diez euros el litro en los lineales de los supermercados.
Por su parte, la industria envasadora y refinadora de aceites comestible recurrirá la resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el almacenamiento obligatorio de aceite de oliva porque «no es lo más adecuado» ya que «el camino» es «buscar nuevos mercados y salidas» en caso de exceso de volumen.
Así lo ha asegurado a EFE Agro el director de la Asociación nacional de industriales envasadores y refinadores de aceites comestibles (Anierac), Primitivo Fernández, quien ha incidido en que la retirada es una vía «puntual», que tiene «muchos defectos» y se aplica «solo en una campaña».
Descontento entre las organizaciones de consumidores
El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha expuesto a EFE Agro el descontento de su organización por la medida adoptada este viernes por el Gobierno y ha criticado la «inacción» del Ejecutivo cuando el precio del aceite de oliva estuvo disparado para los consumidores.
Por su parte, el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, ha afirmado que son «críticos» con la medida adoptada por el Ejecutivo.
