La regulación del alquiler de viviendas de uso turístico, que vive un auténtico “boom” en España gracias al incremento de viajeros extranjeros y a la recuperación del consumo nacional, beneficia a turistas y propietarios pero encarece la vivienda a los residentes y puede terminar desplazando a la población original.
El número de alojamientos de viviendas de alquiler en las grandes urbes españolas alcanzó en 2016 las 362.000 plazas y superó por primera vez a la oferta hotelera en 32.000 unidades, según un estudio de Exceltur, la asociación que agrupa a las grandes empresas turísticas nacionales.
Una evolución al alza
La evolución al alza de la oferta de este tipo de alquiler se ha producido al calor del éxito de plataformas digitales como Airbnb o HomeAway.
Este modelo de economía colaborativa beneficia a millones de turistas, que se alojan en zonas céntricas a precios más económicos que los servicios tradicionales, y a los propietarios de las viviendas que las rentabilizan en mejores condiciones.
Sin embargo, la proliferación de estas viviendas también tiene un impacto negativo en las zonas urbanas a través de la congestión del espacio vecinal y de la subida desorbitada de los precios de los alquileres para los residentes.
La creciente gentrificación, que desplaza a la población y al comercio originales de los barrios, también provoca conflictividad en la convivencia y genera turismofobia.
Las ciudades más afectadas por la explosión de los apartamentos turísticos son Barcelona, Madrid e Ibiza.
Madrid capital es la tercera urbe con más viviendas en alquiler de la Unión Europea (UE), según un estudio realizado por el portal Idealista en las 30 ciudades europeas con mayor población.
La controversia sobre el alquiler vacacional, así como la necesidad de regularlo e incorporarlo a la actividad turística, es un problema común a todos los países, ya que las comercializadoras de este tipo de inmuebles llevan años operando en todo el mundo.
En la actualidad, comunidades y municipios españoles se han lanzado a legislar sobre los arrendamientos a turistas con normas dispares, en ausencia de un marco legislativo estatal.
Todas las medidas para poner fin a la alegalidad están encaminadas a establecer los criterios de actividad económica.
En este sentido, los particulares tendrían que certificar que viven en la vivienda y aceptar una limitación anual del número de días que pueden arrendarla. Si se alquila por debajo de ese límite no se consideraría actividad económica.
De esta manera se eliminaría la presencia de fondos de inversión, multipropietarios y empresas, que se benefician de altas rentabilidades en un marco de desregulación casi total.
Otras propuestas pasan por exigir una tasa destinada a mantener un cuerpo de inspectores que vigilen y sancionen las viviendas ilegales.
Competencia desleal
Desde Exceltur se denuncia que la falta de regulación fiscal y legal crea “condiciones de competencia desleal” frente a las elevadas exigencias al sector de hostales y pensiones.
Acusan a todas las administraciones de dejación de funciones en el control del crecimiento desorbitado de las viviendas turísticas, y exigen una normativa que incluya la responsabilidad subsidiaria de las plataformas que comercialicen apartamentos ilegales.
Desde estos portales, como Airbnb, cuyo valor ya supera los 30.000 millones de dólares, se insiste en que son meros intermediario entre el viajero y el propietario de la vivienda.
Sin embargo, tras el aumento de sanciones en ciudades como Nueva York o Berlín, la mayor plataforma de alquiler turístico del mundo ya ha emprendido acciones destinadas a controlar las actividades de sus clientes en sus principales mercados.
