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El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea instó este lunes a la Comisión Europea a ser más "proactiva" en su lucha contra el fraude que rodea a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), el mayor programa de gasto del presupuesto comunitario.
En un informe, los auditores europeos señalan que el Ejecutivo comunitario ha respondido en los últimos años a casos de fraude en los pagos de la PAC, pero la institución "no ha sido suficientemente proactiva a la hora de abordar el impacto del riesgo de acaparamiento ilegal de tierras, supervisar las medidas de lucha contra el fraude de los Estados miembros y aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías".
"Creemos que la UE debería hacer más para abordar el riesgo de fraude en el gasto agrícola", sentenció el miembro del Tribunal de Cuentas de la UE encargado del informe, Nikolaos Milionis, quien recordó que "el fraude perjudica los intereses financieros de la UE e impide que sus recursos alcancen los objetivos políticos".
Según un texto de la Comisión Europea utilizado por los auditores, la PAC representaba entre 2016 y 2020 el 11 % de los importes fraudulentos notificados en el Sistema de Gestión de Irregularidades (IMS), mientras que los fondos de cohesión representaban el 86 % del total.
A su vez, el impacto financiero de las irregularidades es "generalmente bajo", de unos 226,5 millones de euros en ese periodo de cuatro años, lo que supone apenas un 1 % de todos los pagos de la PAC.
Con todo, el informe del Tribunal de Cuentas advierte de que los ámbitos de gasto sometidos a normas más complejas, como las inversiones en desarrollo rural o el apoyo a categorías específicas de beneficiarios, presentan un mayor riesgo de fraude.
La razón, según exponen los auditores es que "algunos solicitantes no revelan información pertinente o crean artificialmente las condiciones para cumplir los criterios de admisibilidad y beneficiarse indebidamente de las ayudas de la PAC".
Por otro lado, señalan que las tierras de titularidad pública y las tierras privadas "con una propiedad poco clara" son las más expuesta a la actividad fraudulenta conocida como "acaparamiento de tierras", que implica prácticas como falsificación de documentos, coacción, uso de influencias políticas o información privilegiada, manipulación de procedimientos o pago de sobornos.
En este sentido, el informe destaca que los defraudadores también pueden intentar adquirir tierras de forma legal o ilegal "con el único fin de recibir pagos directos y sin llevar a cabo ninguna actividad agraria".
El riesgo es mayor, aseguran, en determinadas zonas de pastos y montañosas en las que "es más difícil para los organismos pagadores comprobar que la actividad agraria requerida, como el pastoreo, realmente se lleva a cabo".
En este contexto, el Tribunal de Cuentas de la UE recomienda a la Comisión Europea que adopte las medidas necesarias para "mitigar los principales riesgos de fraude y promover las oportunidades que ofrece la tecnología (por ejemplo, la extracción de datos, el aprendizaje automático, las imágenes por satélite y la fotointerpretación) en la lucha contra el fraude".
También urge al Ejecutivo comunitario a actualizar su evaluación de la exposición al riesgo de fraude de los diferentes regímenes de gasto y la eficacia de las acciones contra el fraude de los Estados miembro, teniendo en cuenta que el análisis más reciente sobre el fraude en la PAC es de 2016.
