La organización agraria COAG ha alertado este viernes del "capital especulativo" en el sector lácteo y del riesgo de que su futuro sea "sin ganaderos y en manos de fondos buitre", tras difundir datos que reflejan el cierre de 530 granjas en un año (1,5 por día).
COAG ha publicado un documento con propuestas para frenar la "expulsión" de los ganaderos de la producción española, con motivo del inicio del debate en el seno de la interprofesional láctea (Inlac) para diseñar el Plan Estratégico de esta producción.
Según la organización agraria, el primer borrador de ese plan -encargado por Inlac a la Universidad de Santiago de Compostela- dibuja un "modelo uberizado, con granjas sin ganaderos gestionadas a distancia por fondos buitre, fondos de inversión y grandes corporaciones multinacionales."
Respecto a los datos, COAG ha mencionado las declaraciones de entregas de leche cruda que recopila el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), según las cuales en mayo de 2026 había 8.578 productores activos en España, un 5,8 % menos en solo doce meses.
En el caso del vacuno de leche, COAG ha detallado que desde abril de 2025 han desaparecido 530 explotaciones.
Galicia perdió 301 explotaciones en los últimos doce meses, y también se registraron descensos relevantes en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Andalucía.
"Tenemos que evitar que la próxima vaca gallega o cántabra tenga sus dueños en la planta 58 de cualquier rascacielos de Nueva York. Nos jugamos nuestra soberanía alimentaria y el futuro de nuestros pueblos", ha declarado la responsable del sector lácteo de la comisión ejecutiva de COAG, Isabel Vilalba. "El sobrecoste que ya no pueden absorber estas ganaderías ronda los 6 céntimos por litro, disparado por la factura energética, que se ha encarecido en torno a un 30 %, y por la alimentación animal", según COAG.
En contraste, COAG ha afirmado que la producción nacional crece, pero el precio en origen no acompaña esa expansión, ya que pasó de 0,502 €/litro en mayo de 2025 a 0,477 €/litro en mayo de 2026.
La organización advierte de un proceso de "uberización" del sector, en el que la persona ganadera —hasta ahora profesional autónoma, dueña de sus animales, su tierra y sus decisiones— corre el riesgo de convertirse en una simple ejecutora de instrucciones ajenas.
Teme la amenaza de un modelo con mano de obra subcontratada dentro de macroestructuras controladas por capital financiero, fondos buitre y multinacionales de la alimentación, con la sede de decisión cada vez más lejos del establo.
Propuestas de COAG
La organización agraria ha planteado un plan estratégico que "ponga en el centro la continuidad de un tejido ganadero profesional autónomo y vinculado al territorio", con rentas y precios dignos que cubran los costes reales de producción, contratos tipo vinculados a esos costes y herramientas para perseguir prácticas "abusivas y de cartel".
Ha propuesto un "blindaje normativo" frente a lo que ha llamado "ofertas de mala fe", es decir contratos que incluyen cláusulas que empeoran significativamente las condiciones de las granjas para forzarlas a renunciar a la estabilidad a medio plazo.
COAG ha reclamado servicios de sustitución colectivos y públicos que permitan a ganaderos y ganaderas coger vacaciones, tener bajas o permisos de maternidad y paternidad sin tener que "hipotecar su autonomía ni endeudarse para crecer".
También ha planteado un etiquetado de origen europeo que permita a la ciudadanía elegir productos de cercanía frente a los lácteos importados.
