Tras asistir al debate de las enmiendas aprobadas previamente por el Senado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que la modificación de la ley de la cadena alimentaria es la reforma “más importante” que se aprobará esta legislatura para el sector agroalimentario.

Planas ha insistido en que se necesitará un tiempo para ver los efectos de la norma porque se trata de “un cambio de cultura muy profundo”.

Ha señalado que la normativa pretende dar transparencia a la formación de precios en la cadena y, en ese sentido, toda transacción superior a mil euros será objeto de un contrato escrito, lo que supone “un salto adelante importante”.

También se pretende lograr más equilibrio entre la producción, la industria y la distribución, y otorgar a los agricultores y ganaderos mejores instrumentos de negociación.

“Eso no va a garantizar que todos los problemas del sector queden resueltos, pero es un instrumento prioritario para tener relaciones comerciales a la altura del siglo XXI”, ha declarado el ministro.

Ha explicado que la reforma incluye la creación de un registro de contratos de todas las transacciones de la cadena y refleja situaciones específicas como la del plátano de Canarias.

La norma prohíbe la venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta el consumidor final, y obliga a incluir en los contratos la indicación de que el precio pactado entre los operadores cubre los costes de producción.

También contempla la posibilidad de que las cooperativas sustituyan el contrato por la fijación de plazos y términos de pago a los socios productores y de que en la primera venta en lonjas de pescado la factura juegue el papel del contrato.

Entre las nuevas enmiendas figuran cambios destinados a mejorar aspectos técnicos del texto y otros relacionados con las condiciones de los pactos en las actividades promocionales y las obligaciones de cooperativas y asociaciones.

El proyecto de ley comenzó su andadura legislativa hace un año con el propósito de adaptar la normativa a la directiva europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones que existen entre empresas del sector agroalimentario.

En medio del trámite parlamentario, la Comisión Europea abrió un proceso de infracción contra España y otros once países por no incorporar a la legislación nacional dicha directiva antes del pasado mayo, cuando acababa el plazo para hacerlo.

En febrero de 2020, el Gobierno aprobó una primera reforma urgente de la ley de la cadena alimentaria, que data de 2013, mediante un decreto que fue convalidado posteriormente por las Cortes.

El objetivo era dar respuesta a las peticiones de las organizaciones agrarias a favor de un mayor equilibrio entre los actores agroalimentarios y de unos precios dignos en el campo.

Esa reforma establecía que los precios de venta no pueden ser inferiores a los costes de producción, en un intento de aumentar la transparencia en la formación de precios dentro de la cadena.

El segundo proyecto de ley que está actualmente tramitándose en el Parlamento incluye aspectos de la directiva que no habían sido cubiertos con la primera modificación.