El tema ha sido analizado en una mesa redonda en la que han participado la directora general de producciones y mercados agrarios, Elena Busutil, representando al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA).
Por otro lado, han participado la representante de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Aproa), Victoria Cruz, y el director técnico de la Federación
Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), Luis Martín.
«Distorsión» de competencia
Para Busutil, la «primera prioridad» del Gobierno en la negociación para la nueva PAC es «rechazar» la cofinanciación nacional de los programas operativos que hasta ahora se financiaban por parte de la Unión Europea, especialmente con fondos comunitarios y del propio sector.
Según la directora general, esta propuesta es una «distorsión» a la igualdad de condiciones de competencia entre los productores de los diferentes estados miembro de la Unión Europea (UE).
Además, ha remarcado que para el MAPA es «fundamental» mantener las condiciones actuales de los programas operativos de la intervención sectorial de frutas y hortalizas que se han demostrado una «herramienta de éxito» durante 40 años.
Busutil ha señalado también que quieren que se mantengan las mismas disposiciones financieras de constitución del fondo operativo para reducir «distorsiones de competencia» y para «permitir» que sigan siendo un «instrumento» para el sector de inversión estratégica.
Por otro lado, ha resaltado la importancia de realizar una «transición adecuada» entre el fin del actual marco y el inicio de la nueva propuesta, algo que cree que «va bien encaminado» en los últimos textos de que disponen en el Consejo de la UE.
Consenso con el sector
Por parte de Fepex, Luis Martín ha coincidido en rechazar la propuesta de cofinanciación nacional prevista en el borrador de la PAC, al considerar que genera un «elemento de incertidumbre» que va a provocar que las ayudas totales de los programas operativos dependan parcialmente de la disponibilidad presupuestaria que tenga cada Estado miembro.
Según Martín, esto creará una «disparidad» entre los productores comunitarios de diferentes países, más todavía si intervienen también las comunidades autónomas, ya que puede implicar «otro problema» entre productores de diferentes regiones españolas.
Aunque ha afirmado que seguirán trabajando por conseguir que se llegue a la financiación comunitaria total, el representante de Fepex ha admitido que en estos momentos se «antoja muy complicado» lograrlo.
Para Fepex, otra de las prioridades es mantener la propuesta de la Comisión Europea de incrementar la ayuda financiera del 50 % al 75 % porque consideran que esto hará que las organizaciones de productores aporten «menos fondos y tengan menos gasto», lo que aumentará la competitividad.
Por parte de Aproa, Victoria Cruz se ha sumado a estas reivindicaciones y ha afirmado que con la propuesta de cofinanciación nacional todos los sectores productivos pasarán a estar «bajo el mismo paraguas» lo que puede limitar su techo de financiación.
Cruz además ha insistido en que se apliquen medidas transitorias entre el fin del actual programa y el inicio de la nueva PAC, para poder seguir utilizando los programas operativos aprobados bajo el marco de legislación antiguo.
