El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró este martes que los países de la Unión Europea han negociado las cuotas pesqueras en el Atlántico y el Mediterráneo con "total libertad" y "sin miedo" a la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría limitar las cuotas al criterio científico.
"Hemos negociado con absoluta libertad lo que hemos querido lograr, evidentemente dentro del respeto de la ley", dijo el ministro al término de una larga reunión.
Admitió que "una de las cuestiones muy importantes" con vistas al futuro será saber "cuál es el margen de maniobra de la fijación de los TACs y cuotas" y recordó que ahora esas decisiones se toman en función de los informes científicos y las circunstancias socioeconómicas, sobre la base de la Política Pesquera Común.
Insistió en que los ministros de Pesca no tienen "ningún temor a que se cumpla la ley" ya que el club de los 27 está formado por países que son Estados de derecho donde "la ley tiene que prevalecer y el papel del Tribunal de Justicia de la UE, que ha sido un motor de la integración europea, es fundamental".
La cuestión no se trató formalmente estos días pero sí se abordó "en los pasillos", al margen de la reunión.
Planas recordó que una abogada general del Tribunal de Justicia de la UE emitió unas conclusiones sobre el asunto, que "pueden orientar de algún modo", como suele ocurrir, la sentencia que después dictará la corte con sede en Luxemburgo.
"Si no me equivoco será publica el 11 de enero. Veremos qué es lo que ocurre", señaló el ministro español, que no quiso "especular más".
La sentencia en cuestión podría cambiar la manera de fijar las posibilidades de pesca de la flota comunitaria.
De momento existen unas conclusiones de una abogada general del tribunal que indicó que las cuotas se deben fijar ateniéndose a las recomendaciones científicas y no la sostenibilidad económica.
El tema llegó a la Justicia europea a través de una ONG, que denunció la fijación de cuotas superiores a lo debido en aguas de Irlanda.
Según el dictamen científico emitido por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar para la pesca del año 2020, las cuotas correspondientes al bacalao, al merlán y a la solla en aguas que rodean Irlanda y entre esa isla y Francia debían haberse fijado en cero para garantizar la sostenibilidad de las poblaciones.
Sin embargo, los ministros de Pesca acordaron fijar para esos peces cuotas superiores cuando se pescaran como capturas accesorias inevitables durante actividades pesqueras que tenían como objetivo principal otras especies.
Irlanda aplicó lo pactado por los titulares de Pesca de los Veintisiete, pero una ONG acudió a los tribunales al considerar que se incumplían las normas comunitarias.
