Las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas han hecho públicas sus peticiones para que se tengan en cuenta de cara a los comicios y tienen en común varios aspectos, como que el futuro Gobierno luche por una Política Agrícola Común (PAC) con un buen presupuesto o un cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena.
El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel Trenzado, ha subrayado a EFE Agro la necesidad de que el futuro Gobierno actualice la Ley Fiscal de las cooperativas porque es de los años 90 y está «muy desfasada».
También ve oportuno un pacto de Estado por el Agua que recoja las inversiones e infraestructuras pertinentes, y que el próximo Ministerio responsable de las políticas ambientales «tenga en cuenta» al sector primario.
Además, Trenzado ha pedido al próximo Gobierno que defienda en Bruselas una PAC «suficiente» con inversiones que permitan a las cooperativas «adaptarse a los retos» que plantean los mercados, el contexto geopolítico y el cambio climático.
Costes
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha asegurado en una carta abierta que el campo quiere vivir de su trabajo porque «las cuentas no salen» debido a las subidas del gasóleo agrícola, el abono o la electricidad.
Para Barato, es relevante también asegurar el cumplimiento de la Ley de la cadena.
Desde Asaja reclamarán «hechos» a la clase política porque su misión es «defender el campo, lo que comemos y el país que queremos ser».
Jóvenes con tierras
COAG ha abogado por un pacto de Estado por el relevo generacional en el campo y la protección del suelo agrario que defienda a los agricultores frente al «acaparamiento de tierras por fondos buitre y de capital riesgo» que, a su juicio, «pone en riesgo el futuro social agrario».
Según sus datos, más de 900 fondos de inversión gestionan ya más de 100.000 millones de euros en tierras de la península y el 6,6 % de las grandes empresas agrarias acapara el 42 % del valor de la producción.
COAG quiere además que el plan estratégico para aplicar la PAC reserve a los jóvenes agricultores, al menos, un 10 % de su presupuesto, cuenten con rebajas fiscales, que la ganadería disfrute de la reducción del 85 % del impuesto eléctrico o que se dispensen más ayudas a la cría extensiva.
Agricultura familiar
La asociación agraria UPA ha remitido a los partidos 16 medidas «prioritarias» y una de ellas es «irrenunciable»: la aprobación de una ley de agricultura familiar, que se ha quedado en el tintero en esta legislatura.
Además, han apostado por retomar la conversión del organismo de control alimentario AICA en agencia estatal, un plan para atraer a jóvenes al campo y para movilizar tierras de explotaciones sin sucesión, así como que el sistema de seguros ajuste más sus coberturas a los efectos del cambio climático.
UPA ve bien también un pacto de Estado para prevenir incendios forestales y otro por la ganadería extensiva, además de que se actualice la regulación sobre la trashumancia.
Controles, impuestos y seguros
Unión de Uniones ha elaborado un programa con 13 propuestas y 100 compromisos en el que defiende que en la próxima legislatura se sitúe a la agricultura, la ganadería y el medio rural entre las «prioridades estratégicas de España».
Su hoja de ruta para el futuro Gobierno incluye que en la aplicación de la PAC en España se destine al menos el 6 % de sus recursos a medidas de apoyo al relevo generacional.
Para esta organización es relevante reforzar el control de importaciones agroalimentarias y del sistema español de seguros agrarios; una fiscalidad reducida para los bienes y servicios que utilizan; una revisión de los protocolos de sanidad animal; y adaptar la regulación energética a la realidad de las explotaciones.
