Además, las organizaciones agrarias han anunciado una primera movilización este jueves en Valladolid por esta subida de los precios del gasóleo B, utilizado por los agricultores y ganaderos en sus tractores y cosechadoras.

En concreto, agricultores y ganaderos se concentrarán frente a las puertas de la sede de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) a las afueras de Valladolid en la que “será la primera de una serie de protestas que continuarán en Andalucía y se podrían extender al resto del país en las próximas semanas”. según UPA.

A través de un comunicado, Asaja ha indicado que la bonificación de 20 céntimos del carburante que el Gobierno aprobó a finales del pasado mes de marzo “ha quedado ya ampliamente superada por los incrementos de precio”, ya que si en aquel momento el gasóleo estaba en 1,3 euros/litro ahora está ya en los 1,7 euros/litro.

Respecto a junio del año pasado, Asaja ha indicado que el precio del gasóleo agrícola se ha incrementado un 120 %, la energía eléctrica un 180 %, y los piensos para la alimentación del ganado un 36 % para el vacuno y en un 49 % para el porcino.

Con estos costes de producción “resulta de todo punto inviable el futuro de las explotaciones agropecuarias”, según Asaja.

Por todo ello, ha pedido al Gobierno “medidas fiscales urgentes que alivien los incrementos de costes de producción” y, en ese sentido, ha urgido a reducir el IVA de los hidrocarburos y a poner en marcha las reducciones en la factura del gasóleo del 35 % y del 15 % de los fertilizantes y plásticos en el IRPF, tal y como se recoge en la ley de la cadena alimentaria.

Igualmente, ha demandado un incremento de la deducción de los gastos de difícil justificación para los agricultores que tributen en el régimen de estimación directa del IRPF, así como un incremento en el IVA compensatorio del 10,5 % al 12 % en ganadería para equiparlo con el de agricultura en el régimen especial de agricultura y ganadería del IVA.

También considera urgente la aplicación del tipo súperreducido del 4 % del IVA a las compras realizadas por los productores agrarios de aquellos medios de producción necesarios para el desarrollo de su actividad.

Además, ha demandado la reducción de los costes energéticos aplicando la doble tarifa eléctrica para el riego.

Por su parte, UPA ha indicado en un comunicado que “las medidas fiscales no son suficientes” y ha pedido al Gobierno que actúe “a escala legislativa para impedir estas prácticas abusivas”.

Esta organización considera que las medidas fiscales o compensatorias se deben acompañar de normas que topen los beneficios y controlen los márgenes de las empresas que están aprovechando la espiral alcista de los costes energéticos para “fagocitar los resultados de la economía productiva en España y en Europa”.

“Los Gobiernos deben intervenir, a todos los niveles, para frenar este comportamiento abusivo que pone en peligro a toda la cadena agroalimentaria”, ha señalado UPA.