La CE ha formalizado su propuesta de extender un mes, hasta el 15 de junio, el plazo para solicitar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y de aumentar los anticipos de pagos directos (del 50 al 70 %) y de los de desarrollo rural (del 75 al 85 %).

En un comunicado, Planas ha afirmado que ese adelanto es “vital para asegurar la viabilidad económica de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas que, siendo uno de los sectores estratégicos para superar la pandemia de COVID-19 como garantes del suministro alimentario, es también uno de los más afectados por esta crisis”.

Cerca de 700.000 agricultores y ganaderos españoles se beneficiarán del anticipo, que recibirán a partir del 16 de octubre.

De esta forma, se adelantarán ayudas directas por valor de más de 3.421 millones euros en España, del total de 4.953 millones que se prevé abonar en 2020, mientras que el resto de pagos se realizará a partir del 1 de diciembre.

El ministro de Agricultura se ha mostrado a favor de que la Comisión acepte reducir los requisitos y controles, lo que ayudará a “reducir la carga administrativa y evitar demoras innecesarias”.

El objetivo es que los productores puedan afrontar con “mayor liquidez y menos trabas” la difícil situación originada por la crisis sanitaria del coronavirus, que afecta a toda la Unión Europea (UE).

Planas ha resaltado la flexibilidad otorgada en el uso de instrumentos financieros, después de que Bruselas haya anunciado de que el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER) cubrirá préstamos o garantías de hasta 200.000 euros en condiciones favorables de los que podrán beneficiarse los agricultores de la UE.

Otras medidas solicitadas por España también se pondrán en marcha, como la posibilidad de reasignar fondos para evitar su pérdida o de aplazar la presentación de informes anuales sobre la ejecución de los programas de desarrollo rural, según el comunicado.

Ayudas al sector pesquero

En cuanto al sector pesquero, Planas ha destacado que la CE responde con “medidas necesarias para asegurar su viabilidad”, entre ellas, las ayudas a las paradas temporales de la flota por los efectos del coronavirus o por un descenso de ingresos en la acuicultura, así como el apoyo a las organizaciones de productores pesqueros que puedan almacenar productos. Esas medidas tendrán reatroactividad desde el 1 de febrero y se adoptarán formalmente el 18 de abril.

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) concederá una compensación financiera de un máximo del 75 % a los pescadores, al tiempo que el techo de apoyo para los planes de producción y comercialización de las organizaciones se incrementa del 3 al 12 % del valor promedio anual de la producción comercializada.

“Cada puesto de trabajo que se pierde en el sector de la pesca muy difícilmente se recupera”, ha sostenido Planas, por lo que -a su juicio- la articulación de esas ayudas permitirá conservar el tejido productivo para reactivarlo cuando pase la crisis.