Así lo ha expresado en su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para informar del estado del plan estratégico nacional de aplicación de la próxima PAC para el periodo 2023-2027.

Con las comunidades autónomas, “hemos tenido un dialogo profundo y extenso, y la cooperación ha sido muy buena”, ha destacado el ministro, a pesar de que algunos grupos parlamentarios de la oposición le han reprochado que no haya alcanzado aún el consenso con los distintos territorios.

Planas ha insistido en que, en la conferencia sectorial del pasado 14 de julio, las autonomías expresaron sus posiciones y acordaron seguir trabajando en la redacción del plan, que deberá ser entregado a Bruselas antes de fin de año.

“Si la Comisión Europea no lo aprueba, aquí no cobra nadie”, ha afirmado Planas para llamar la atención sobre la necesidad de alcanzar un pacto.

Sobre las ayudas al desarrollo rural, ha apuntado que ha luchado por “preservar la autonomía y las competencias de las comunidades en el diseño de ejecución de sus planes concretos, pero Bruselas no quiere 27 planes de desarrollo rural, sino que se incluyan como intervenciones locales”, que deberán estar integradas en el plan estratégico en las próximas semanas.

Uno de los aspectos más novedosos de la nueva PAC son los ecoesquemas, ayudas asociadas a prácticas ambientales sostenibles, que tendrán un presupuesto anual de 1.107 millones de euros, según ha avanzado Planas.

La adopción de esas prácticas más sostenibles desde el punto de vista ambiental “es una necesidad colectiva de nuestra sociedad en esa transición hacia una economía libre de carbono”, ha justificado.

El ministro también ha planteado que la futura PAC sea “más justa” y “más social”, y que esta se dirija a la “inmensa clase media de agricultores y ganaderos”, teniendo en cuenta el marco normativo comunitario.

Además, ha abordado aspectos de su propuesta como la definición del agricultor profesional, el pago redistributivo, el incremento de los fondos para favorecer el relevo generacional (hasta 145 millones de euros anuales) o el aumento en un 15 % del presupuesto en ayudas asociadas, destinadas a sectores vulnerables como la ganadería extensiva.

Las intervenciones de los grupos

El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Manuel González Ramos, ha resaltado, en el turno de preguntas, que se debe cumplir con los acuerdos y reglamentos de la Unión Europea, así como con la “diversidad de España”.

Por parte del grupo popular, la portavoz Milagros Marcos ha puesto en duda que las comunidades pudieran apoyar al Gobierno en julio pasado si les faltaba por conocer las propuestas en asuntos como los ecoesquemas o las regiones de pago, y ha aludido a las nuevas movilizaciones convocadas por los agricultores porque pueden perder ayudas mientras aumentan las exigencias ambientales y los costes de producción.

El representante de Vox Ricardo Chamorro ha acusado al Ejecutivo de practicar “demagogia ecologista” cuando persisten los precios bajos en el campo y se imponen a los productores “más obligaciones con menos dinero”, haciéndoles perder competitividad exterior.

Desde Podemos, la diputada Isabel Franco ha pedido que se incorpore la condicionalidad social (ayudas a cambio de cumplimiento de normas laborales) de forma voluntaria a partir de 2022, en lugar de 2024, y que se garanticen las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones.

Por el grupo Plural, Xavier Eritja (ERC) ha echado en falta “por ahora el consenso con los territorios”; Concep Cañadell (PDeCAT) ha reclamado que Cataluña pueda definir sus propias políticas agrarias; y Joan Baldoví (Compromís) ha exigido el tratamiento en frío para las importaciones de cítricos de países terceros ante el aumento de plagas.

La diputada de Ciudadanos María Carmen Martínez ha lamentado que no se acepten enmiendas del resto de grupos en el proyecto de ley de la cadena alimentaria, mientras que el del PNV Joseba Agirretxea ha instado al Gobierno a ser “más flexible” y hacer caso a lo que le reclaman las comunidades respecto al reparto de fondos europeos.

Ana Oramas, del grupo Mixto, ha criticado que el Ejecutivo “siga sin aceptar la propuesta del sector” de establecer una excepción para el plátano de Canarias en la ley de la cadena alimentaria, a lo que Planas ha contestado que en las islas hay diversidad de opiniones.

En su turno de réplica, el ministro ha reiterado que el mecanismo de participación de las comunidades “funciona muy bien” y ha acusado al PP de “intentar deshacer (los acuerdos) cuando no pueden bloquear”.

Ha recalcado que existe una “urgencia” de actuación contra el cambio climático y ha apuntado que ya ha trasladado a la Comisión Europea la petición de tratamiento en frío para las importaciones, mientras siguen trabajando con otros países para equiparar la reglamentación de fitosanitarios.

Presupuestos para 2022

En declaraciones previas a la prensa, el ministro de Agricultura se ha referido a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, y ha subrayado que confía en que la dotación destinada a su Ministerio permita “consolidar” el “importante salto” que ya se dio en su opinión con los de 2021.

Planas ha recordado que a través de estos fondos se cofinanciarán la Política Agrícola Común (PAC) y parte de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a lo que se suman temas concretos como los seguros agrarios o las subvenciones para renovar la maquinaria agrícola.

“Espero que los Presupuestos sean un elemento para consolidar la política del Gobierno, muy volcada y de apoyo al conjunto del sector”, ha expresado.

También ha hablado sobre el incendio declarado en Sierra Bermeja (Málaga), “un buen ejemplo de que hay que luchar contra los orígenes y las causas del cambio climático”, y “mantener una unidad de acción entre el conjunto de administraciones”.

Planas ha recordado que aunque actualmente su departamento no tiene competencias en la lucha contra los incendios forestales -que recae en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-, es conocedor de que el Gobierno envió aviones y activó la Unidad Militar de Emergencias “cuando lo solicitó la Junta (de Andalucía)”.