Los vecinos del Bajo Guadalquivir están a la espera de soluciones que permitan su aprovechamiento. El Tribunal Supremo prohibió su captura, dentro de una sentencia sobre catálogo de especies invasoras. La Comisión Europea (CE) ha manifestado que la pesca puede continuar con ciertas condiciones.
El comisario europeo de Pesca y Medio Ambiente, Karmenu Vella, ha afirmado que el aprovechamiento del cangrejo rojo americano, sin que implique actividades de reproducción o reintroducción, podría continuar sin necesidad de una autorización si se han establecido los controles para evitar su propagación.
En una pregunta escrita, la eurodiputada socialista Soledad Cabezón Ruiz interpeló a la CE, ante las restricciones a la pesca del cangrejo rojo. Recordó que la captura y comercialización de esta especie se ha convertido en el medio de subsistencia para el 60 % de la población de Isla Mayor, un municipio de 6.000 habitantes del sur de España.
El pasado mes marzo, el Tribunal Supremo prohibió la captura y aprovechamiento del cangrejo rojo anulando la excepción que se hacía a su pesca y comercialización bajo un Real Decreto. El fallo supuso la inclusión de varios animales en el Catálogo nacional de Especies invasoras. Así lo recoge la pregunta parlamentaria
En su respuesta, el comisario europeo de Pesca ha afirmado que, si las actividades consisten únicamente en el aprovechamiento del cangrejo de río presente en el medio ambiente, es decir sin actividades de reproducción o reintroducción, “éstas podrían continuar como parte de las medidas de gestión previstas” en el reglamento, “sin necesidad de una autorización”. Añadió, no obstante que solo sería posible “siempre que se hayan establecido todos los controles adecuados a fin de evitar cualquier propagación ulterior de la especie”.
Impacto social
Cabezón Ruiz señaló que, ante la difícil situación e incertidumbre que pasan los vecinos de más de diez localidades entre Sevilla y Cádiz por la sentencia, solicitó información sobre la posibilidad de habilitar una autorización a la actividad, bajo la justificación económica y social y acogiéndose a reglamento europeo sobre especies exóticas invasoras.
Entre tanto, los vecinos del Bajo Guadalquivir han aplazado las movilizaciones que habían previsto para estos días, en espera de que la Junta de Andalucía apruebe un plan para regular su captura.
La venta del crustáceo en el Bajo Guadalquivir generaba unos beneficios de veinte millones de euros y unos 150.000 jornales, en una zona con problemas de paro.
