La comisión de Pesca del Parlamento Europeo se ha opuesto a una propuesta de la Comisión Europea (CE) para vetar la pesca de arrastre de especies de profundidad -como la maruca o la brótola- en el caladero Atlántico noreste, al que acude la flota española de altura. Estas capturas sirven de complemento para los ingresos de barcos como los merluceros.

Los eurodiputados han abogado por no restringir por el momento esas capturas y revisar la situación dentro de cuatro años.

Paralelamente, han solicitado que la CE realice un estudio de las áreas más vulnerables respecto a la conservación del ecosistema para fomentar la sostenibilidad.

Rechazo de la flota gallega

En los últimos meses, la industria pesquera y, especialmente la Xunta de Galicia, han manifestado su rechazo a la propuesta presentada hace más de un año por el Ejecutivo comunitario sobre el veto al arrastre de profundidad en el Atlántico noreste. Según denuncia el sector, la medida puede amenazar la competitividad de 300 buques, muchos de ellos de capital español.

El presidente de la Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao (Agarba), Iván López, se mostró satisfecho en declaraciones a Efe por la solución de compromiso de los grupos políticos del PE. López, miembro de la directiva de la patronal española de armadores Cepesca, consideró la votación “satisfactoria para todas las partes”.

López dijo “no estar en contra de la restricción del arrastre en profundidad si así lo piden criterios científicos”, aunque antes de eso “es necesario obtener más datos para tomar una decisión que en cualquier caso sea informada”.

Por el contrario,  Greenpeace subrayó los daños que genera el arrastre de profundidad a los ecosistemas y la cantidad de subsidios que recibe pese a su escasa contribución al total de capturas en Europa. Según Greenpeace, entre 1996 y 2010 más de 140 millones de euros procedentes de las arcas europeas fueron a parar a la flota española de arrastre de profundidad.

La organización DSCC (Deep Sea Conservation Coalition) ha afirmado que la decisión de los eurodiputados es “insuficiente” para proteger las aguas profundas, si bien incluye “beneficios y pérdidas” en favor de los mares.

La decisión debe todavía ser refrendada por el pleno de la Eurocámara y por el Consejo de Ministros de la UE (los Gobiernos de los veintiocho países).