La Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), que ya tiene el 50 % de sus capturas certificadas con el sello MSC (Marine Stewardship Council), ha presentado este miércoles sus planes de sostenibilidad en un encuentro con periodistas.

La inversión se suma a los 17,3 millones que los atuneros ya han destinado a la certificación sostenible.

Opagac agrupa a nueve empresas armadoras de atuneros cerqueros congeladores, que engloban 48 buques y operan en los tres principales océanos del mundo -Atlántico, Índico y Pacífico-.

Entre ellas figuran firmas y enseñas como Calvo, Campos, Albacora, Isabel o Atunlo.

Con la certificación prevista, según los planes de la organización, la flota atunera se convertirá en la primera del mundo capaz de asegurar a transformadores, comercializadores y consumidor final el origen sostenible de su pescado.

Entre los proyectcos de la flota destaca el desarrollo de un programa de tecnología blockchain o “cadena de bloques” para garantizar la trazabilidad.

También ha programado la financiación de planes para optimizar el uso de los FAD (dispositivos concentradores de peces), mediante la experimentación con materiales no enmallantes y biodegradables y el fomento de técnicas, en colaboración con el instituto de investigacíon vasco Azti para reducir el índice de mortalidad de especies capturadas incidentalmente, principalmente, tiburones y rayas.

Por otro lado, los atuneros aplican también la certificación de pesca responsable Aenor que acredita el respeto al medio ambiente y a los derechos laborales.

En ese sentido, según Morón, la sostenibilidad social supone en torno a un 30 % de los costes de la actividad de las flotas responsables, cuya rentabilidad “depende de la exigencia a las importaciones al mercado comunitario de los mismos estándares en materia sociolaboral”.

Por ello, Opagac ha valorado la oportunidad que representa para homogeneizar criterios la propuesta de Directiva comunitaria sobre Diligencia Debida, que obligará a las empresas de la Unión Europea (UE) y a las que operen en el mercado comunitario a justificar que su suministro es sostenible “social y ambientalmente”.

La negociación de la directiva coincidirá con la presidencia española semestral del Consejo de la UE y los atuneros han pedido “un régimen de control y sanción ambicioso que contribuya a garantizar que los ciudadanos europeos no consumen pescado proveniente de flotas que vulneran los derechos humanos”.

Opagac ha recordado que, según la OIT, 128.000 personas se encuentran en situación de esclavitud moderna a bordo de buques pesqueros, y son numerosos los casos documentados, especialmente en el caso de flotas del sudeste asiático.

Según los últimos datos disponibles, las importaciones europeas de atún procedentes de flotas de esta región y exentas de aranceles han pasado de representar del 5 % en 2012 a más del 50 % actualmente.