La Política Agrícola Común (PAC) sigue siendo la gran protagonista en los debates nacionales. La atención está puesta en cómo será el plan estratégico nacional para aplicarlo en España entre los años 2023 y 2027. Una programación que llega con fuertes exigencias medioambientales.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,  ha afirmado esta semana que esta nueva PAC será “más justa desde el punto de vista redistributivo” y que está en contacto con las comunidades autónomas, las organizaciones grarias, las ongs ambientales y la sociedad civil  para lograr “la mejor PAC” y un buen plan estratégico nacional.

Esa vertiente sostenible ha protagonizado también la reunión que ha mantenido  el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, con representantes de las comunidades autónomas.

El término que más resuena es el de los ecoesquemas, unos pagos específicos para el cumplimiento voluntario de prácticas beneficiosas para el medio ambiente.

El objetivo final es que en la primera quincena de septiembre estén definidos al “máximo nivel de detalle” y que, en octubre, se pueda presentar un panorama preciso del plan nacional ante la Comisión Europea.

Las organizaciones agrarias piden más información sobre los ecoesquemas, ya que consideran que hay poca precisión en las propuestas y hay riesgo de que puedan tener impacto negativo en los agricultores y ganaderos por las exigencias que aparecerán con la nueva PAC.

La lucha contra el cambio climático en la agricultura, también ha sido objeto de debate en Bruselas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) han asegurado estar dispuestos a avanzar en el desarrollo de la agricultura ecológica comunitaria. En marzo, la Comisión Europea presentó un plan de acción para ayudar a los agricultores a dar el salto a la producción ecológica con el objetivo de que para 2030 al menos el 25 % de superficie agraria europea sea bio.
Los 27 defienden que la iniciativa refleja el rol central de la agricultura y la producción ecológicas en las estrategias de la Unión Europea “De la granja a la mesa” y la relativa a biodiversidad para promover modelos más sostenibles. Creen que cada Estado miembro “debería contribuir al esfuerzo colectivo” pero piden que se tengan en cuenta los diferentes puntos de partida, circunstancias y condiciones de cada región. Aunque los planes de acción orgánicos nacionales son voluntarios, el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski aseguró que todos los países de la Unión Europea cuentan con uno o han expresado su intención de elaborarlo.

Seguimos hablando de fondos europeos. La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado el reparto de 126,1 millones de euros entre las autonomías que serán destinados a programas de reconversión e inversiones en viñedos para 2022 y 2023. Estos quedan recogidos en el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (Pasve).
En una reunión presidida por Luis Planas, se otorgaron 69,7 millones para reestructuración y reconversión de viñedos en 2022. Y se aprobó la lista definitiva de solicitudes de ayudas a la inversió por 56,4 millones de euros.

 La Conferencia Sectorial de Pesca ha acordado los criterios para distribuir los 1.120 millones de euros asignados a España para el periodo 2021-2027, a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa). España concentrará el 21 % del presupuesto total europeo

Cerramos la semana  con la organización agraria UPA que ha presentado su anuario en un acto clausurado por el ministro Planas. UPA reivindicó que la agricultura y ganadería familiar son parte de la solución para lograr un futuro del medio rural sostenible frente a la despoblación. 

Su secretario general, Lorenzo Ramos, ha defendido este modelo frente a otros como el que representan las macrogranjas o la agricultura superintensiva. Y la necesidad de precios justos por sus producciones.

Para Ramos, los agricultores familiares están pegados al territorio y han garantizado el suministro de alimentos durante la pandemia, por lo que las políticas públicas deberían contribuir a mantener su modelo.