La Ley de Pesca ha sido aprobada por 144 votos a favor, uno en contra y 115 abstenciones, mientras que han sido rechazadas las 169 enmiendas debatidas en el Senado.

Durante el debate han expresado su voto a favor los grupos socialista, Ciudadanos y el grupo vasco (PNV), mientras que entre las abstenciones figuran el PP, JxCat y Vox.

La reforma de la Ley de Pesca incluye novedades en el reparto de cuotas.

Precisamente, el grado de reserva pública de las cuotas por la Administración ha sido uno de los puntos más controvertidos y al final queda fijado en el 5 % de las cuotas salvo para casos excepcionales, que podrán ser del 10 %, frente al 3 % actual y al 10 % que proponía el Ejecutivo.

Además, la nueva norma establece que las posibilidades pesqueras que en dos ejercicios consecutivos no sean utilizadas pasarán a ser propiedad de la Administración, salvo en casos justificados.

El texto modifica los "coeficientes reductores" que determinan la jubilación y adelantarla en el caso de colectivos como los de las rederas, las neskatillas y las empacadoras que han estado presentes en la sesión de la Cámara Alta por una representación.

La nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera afecta a la flota española, compuesta por 8.732 barcos, 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos.

Planas destaca la modernización legal

Al pleno ha acudido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha destacado, entre los elementos "modernizadores" respecto a la ley actual (que data de 2001), la optimización en el uso y en el reparto de las posibilidades de pesca.

Ha agradecido el apoyo de los grupos parlamentarios y se ha comprometido a abordar en el desarrollo reglamentario las propuestas que no han sido reguladas con detalle en esta ley y a "garantizar el uso de las cuotas", poniendo atención en las flotas que mantengan su pesca activa.

También ha valorado el reconocimiento a colectivos como los de las rederas, empacadoras o neskatillas o el vínculo entre ciencia, oceanografía y pesca.

Por parte del PSOE, Josefa González Bayo ha asegurado que esta ley "da soluciones" a la demanda de posibilidades de pesca que tiene la flota artesanal y de las que "nunca se quiere hablar".

También el socialista Manuel Miranda ha destacado que esta normativa sirve para "modernizar" la anterior, potencia la "triple sostenibilidad" económica, social y ambiental, tiene un enfoque "integral, progresista" y es "exhaustiva en el acceso a los recursos pesqueros".

Desde el grupo popular, Jorge Martínez cree que la nueva ley "no llega a profundizar lo suficiente como para ayudar" al sector pesquero ante "la grave crisis" que padece en asuntos como la falta de relevo generacional o la caída en el consumo de productos del mar.

Para Martínez, hubiese sido más conveniente cambiar la norma nacional después de la modificación prevista de la Política Pesquera Común y estima que la nueva ley tiene una "mala seguridad jurídica".

La senadora del grupo Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (ERB), Idurre Bideguren, ha destacado que, "por fin", se reconozcan los coeficientes reductores a las rederas, empacadoras y neskatillas, un "hito histórico" porque había una "clara discriminación hacia ellas".

Un aspecto que también ha subrayado el senador del grupo Vasco Juan Carlos Medina quien, no obstante, ha pedido que la ley "no atosigue y perjudique" al sector con tal de ceñirse a los planteamientos de Bruselas.

También han tomado la palabra otros senadores como el parlamentario de Ciudadanos Miguel Sánchez (grupo Democrático) quien, a pesar de sus reticencias, ha mostrado su apoyo a la norma porque contiene mejoras en seguridad jurídica que fueron enmendadas en el Congreso.

El senador del grupo Mixto José Manuel Marín (VOX) ha afeado que la ley pretenda vincular la sostenibilidad con la Agenda 2030 "en la que no hay un plan de viabilidad" para el sector pesquero español.