Desde España, el Gobierno asegura que las ayudas de la Unión Europea (UE) a los productores agrícolas son “perfectamente compatibles” con la competencia y el comercio internacional.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su informe anual sobre políticas públicas en materia de agricultura, en el que destacó que la mayor parte del apoyo a productores “se dio a través de medidas que perturbaron el comercio”, una tendencia que pidió revertir.
“Casi dos tercios del apoyo a los productores en los países que hemos estudiado distorsionan de manera particularmente fuerte las decisiones comerciales”, constató el informe presentado hoy en Bruselas, en el que aseguró que la dependencia de estas medidas “incluso ha ido en aumento”.
El informe “Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas en 2018” estudia la situación del sector agrícola en los 35 países que forman parte de la OCDE, así como en otras diez economías emergentes: Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Kazajistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam.
Los países de la OCDE destinaron una media de 285.000 millones de euros al año al sector agrícola en el periodo 2015-2017, de los que 205.000 millones (el 72 %) fueron entregados como apoyo a los agricultores. El apoyo público a los agricultores fue equivalente al 18 % de sus ingresos, un descenso frente al casi 30 % que representó en el periodo 1995-1997.
Por su parte, las diez economías emergentes estudiadas por la OCDE destinaron una media de 266.000 millones de euros al año a sus sectores agrícolas, 233.000 de los cuales (el 84 %) estuvieron dirigidos a los agricultores.
Sin embargo, mientras que en la OCDE el apoyo público a los agricultores con respecto a sus ingresos había disminuido sustancialmente en las últimas décadas, en estas economías emergentes la tendencia fue justo la contraria: pasó del 2,9 % en el periodo 1995-1997 al 13,5 % en el periodo 2015-2017.
El informe destacó que, mientras que en la OCDE están abandonando las políticas públicas de apoyo al sector agrícola que “distorsionan el mercado”, en las economías emergentes estudiadas estas medidas han crecido hasta representar el 80 % del total.
La OCDE también analizó de forma individualizada los casos de los 51 países objeto de estudio, aunque en la Unión Europea (UE) no entró a valorar la situación de los Estados miembros, sino las políticas públicas en el ámbito comunitario.
En este sentido, el informe destacó que alrededor del 50 % del apoyo público a los agricultores está condicionado por cláusulas medioambientales obligatorias, mientras que un 8 % adicional se puede obtener de cumplir una serie de estándares superiores a los exigidos por ley.
Reacción desde España
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que las ayudas de la Unión Europea (UE) a los productores agrícolas son “perfectamente compatibles” con la competencia y el comercio internacional.
Según el ministro, el informe de la OCDE es “doctrinal”, con una visión “legítima”, pero que “no afecta al día a día de las ayudas comunitarias” al sector agrario.
Planas ha incidido en que estas subvenciones de la UE existen para que los agricultores y los ganaderos “sean capaces de producir en cantidad y calidad aquello que los ciudadanos europeos exigen”.
La UE tiene una producción “de altísima calidad” que “tiene que tener un apoyo, y esos apoyos no distorsionan la competencia”, ha defendido.
