Se trata del primer acuerdo sobre sostenibilidad medioambiental adoptado por la organización y que es aplicable a partir de hoy tras la entrega de los instrumentos de ratificación de Brasil, Kenia, Vietnam y Tonga.

Este acuerdo ha sido producto de las negociaciones más largas y complejas en la historia de la OMC, que concluyeron en junio de 2022 tras casi dos décadas de discusiones que se aceleraron en la última fase ante la necesidad que tenía la organización y sus Estados miembros de ofrecer resultados palpables tras años de parálisis en varias otras negociaciones paralelas.

Las cifras más recientes apuntan a la urgencia de la situación: se estima que en la actualidad casi el 38 % de las poblaciones mundiales de peces están sobreexplotadas, frente al 10 % hace medio siglo, un ritmo que impide que las poblaciones de especies afectadas puedan reponerse.

Una de las mayores causas de esta situación son los subsidios que los gobiernos destinan a este sector y que alcanzan los 35.000 millones de dólares, de los cuales unos 22.000 millones están destinados a aumentar la capacidad de pesca de manera insostenible.

Esa sobrecapacidad provoca que las flotas pesqueras operen durante más tiempo y más lejos en el mar en perjuicio de la vida marina, según un análisis reciente de la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE).

"Los subsidios a la pesca merman los recursos marinos, pero este acuerdo los reducirá y reconducirá los recursos hacia prácticas que fortalecerán los recursos marinos. Recordemos que 270 millones de personas dependen de la pesca para su subsistencia", dijo en una ceremonia para marcar este momento la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Entre los subsidios dañinos que promueven la sobrepesca están los que financian los combustibles, las ayudas a la construcción y renovación de buques y equipamientos (aumentando así la capacidad de una flota), exenciones fiscales o de otro tipo, así como créditos en condiciones muy favorables.

Durante las negociaciones del acuerdo, los países reacios a desmontar su esquemas de subsidios eran aquellos que los justificaban por beneficios a corto plazo, en particular el mantenimiento del empleo en comunidades costeras, a pesar de que estaba demostrado que esto también provocaba la degradación de las poblaciones de peces y repercutía igualmente en la pérdida de ingresos y en riesgos par la seguridad alimentaria.

Entre los países que han sido identificados como los mayores proveedores de subsidios están China, que cuenta con una de las mayores flotas de pesca de larga distancia, la Unión Europa (como bloque), Japón y Corea del Sur.

Con subsidios considerables también figuran Rusia y Estados Unidos.

"Una vez que los países comiencen a aplicar el acuerdo, las poblaciones de peces de todo el mundo tendrán la oportunidad de recuperarse, lo que beneficiará a los pescadores locales que dependen de un océano saludable", comentó a EFE Megan Jungwiwattanaporn, de la organización privada dedicada a la conservación The Pew Charitable Trust.