El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró que la modificación de la Ley de la cadena alimentaria que llega hoy al Consejo de Ministros aborda los aspectos “más significativos” para aportar una respuesta “ajustada” a las necesidades del sector primario.
En su comparecencia ayer ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados en la que desgranó la que será su acción de Gobierno en esta legislatura en la que se abordarán cambios normativos sobre las organizaciones interprofesionales o la representatividad agraria.
Valoró esta primera modificación normativa sobre la cadena alimentaria y defendió la reacción “inmediata” que el Gobierno ha tenido ante la “situación grave” por la que atraviesa el campo. Para Planas, el “diálogo y la acción” que está desarrollando el Gobierno son “fundamentales” para abordar la crisis.
Recordó, no obstante, que la Ley de la Cadena tendrá que ser nuevamente reformada para adaptarla a la normativa comunitaria (supondrá cambiar una treintena de artículos) antes de junio de 2021, y pidió la implicación a las comunidades autónomas y a los eslabones de la cadena alimentaria porque “sólo” se solventará la problemática con la colaboración “de todos”.
Potenciar la integración cooperativa es otro de los objetivos del Gobierno y por eso pretende reformar la normativa vigente, ya que “se ha quedado corta”.
Planas pide colaboración a las Comunidades Autónomas
Sobre este asunto, también pidió a las comunidades autónomas que colaboren porque, de lo contrario, “no habrá éxito”.
Por otro lado, los cambios avanzados por Planas en la Ley de las organizaciones interprofesionales buscarán una integración “vertical más significativa” mediante la inclusión del sector de la distribución.
El paquete de medidas que se aprobarán hoy incluye una nueva Ley de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias porque la actual “no ha funcionado”.
Se “pondrá al día” pero “teniendo en cuenta que no es un sector que necesita elecciones al campo cada cuatro años”.
El Gobierno revisará asimismo la Ley de titularidad compartida de 2011, la de modernización agrícola de 1995 o la de arrendamientos rústicos de 2003.

Presentará también iniciativas para potenciar las organizaciones de productores y los canales cortos de comercialización, también favorecerá el relevo generacional, la lucha contra la despoblación, la implementación de la agenda 2030 y la mejora del etiquetado, al mismo tiempo que intentará reforzar los controles fitosanitarios en las fronteras y creará la figura del veterinario de explotación.
En cuanto a las inversiones, quiere una subida “significativa” de los fondos para los seguros agrarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y priorizará las inversiones en la modernización de los regadíos.
A pesar de todas estas acciones anunciadas, Planas negó que tenga “afán regulatorio” ya que ve “más importante” la acción que la regulación.
Para el ministro, se trata de un programa “ambicioso” que pivota en torno a “seis ejes”: diálogo y consenso; “protagonismo” de jóvenes y mujeres; agricultura familiar; búsqueda de rentabilidad; apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la innovación; y el uso de nuevas tecnologías y la transferencia del conocimiento.