Desde su entrada en vigor se acumulan casi catorce millones de euros en sanciones, con la distribución comercial como principal operador sancionado, pues los mayoristas y minoristas acumulan prácticamente el 80 % de este montante.
Se ha defendido como principal hito de esta ley que prohíbe la venta a pérdidas, esto es, nadie puede cobrar menos de lo que le cuesta poner su producto en el circuito comercial.
Puede parecer lógico, pero en el primer eslabón de la cadena alimentaria, donde estos movimientos se calculan al céntimo, llevan décadas clamando para evitar perder dinero por producir.
Pero la nueva normativa que regula estas relaciones comerciales va mucho más allá y, según ha presumido en múltiples ocasiones el Gobierno, es una de las normas más avanzadas del club comunitario en defensa de unas relaciones más justas entre todos los componentes de una sistema económico responsable de algo tan básico como la alimentación.
Diez años después de que se alumbrara la norma, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha publicado el primer informe trimestral con los nombres de las empresas que la han incumplido y la cuantía de las mismas, que suman más de 212.000 euros solo en el primer trimestre.
Entre ellas, grandes cadenas de distribución como Grupo DIA y Carrefour, junto a industrias cárnicas, bodegas muy conocidas como Murviedro o García Carrión y empresas lácteas, entre otras.
Todas ellas han incumplido el artículo 23.2 de la norma que regula las infracciones graves, en concreto, no formalizar por escrito los contratos alimentarios o no incorporar en el contrato alimentario el precio recogido.

Contratos con precios y más transparencia

Firmar un contrato con un precio fijo puede parecer también un básico a la hora de establecer una relación comercial, si bien es uno de los motivos que han supuesto sanciones ya firmes a nueve empresas.
Se trata de evitar la “venta a resultas”, esto es, que los vendedores entregan la mercancía a unos compradores sin conocer el precio y, cuando el comprador consigue vender el producto a un tercero, éste liquida al primer vendedor.
En otras palabras, se paga al proveedor inicial en función del precio por el que luego se vende, lo que supone un importante desequibrio en las relaciones comerciales.
Para avanzar en esta transparencia, desde organizaciones agrarias como COAG se viene reclamando con ahínco otra de las medidas que prevé la norma: la publicación actualizada de los estudios de cadena pendientes y publicación de índices de referencia de precios, una de sus funciones recogidas por la Ley desde hace una década.

Un paso más, el registro de contratos

Cuando aún hay empresas que trabajan sin contratos y son sancionadas en firme por ello, la ley va a dar un nuevo apretón con la obligación de registrar todos los contratos que se realicen con productores u organizaciones de productores.
De momento este registro, que será sólo lo que el ministro ha llamado un “repositorio de documentos”, funciona de manera voluntaria, pero a partir del 1 de julio será obligatorio.
Los millones en sanciones y la transparencia que ha llevado a hacer públicas las firmas que han sido sancionada, son las armas para hacer frente a la resistencia a cambiar unas relaciones comerciales que están, ahora más que nunca en este contexto de inflación, vigiladas al detalle.