Andalucía debe ser una “comunidad de primera”, en inversiones también, y debe tener una financiación acorde con su población y con el hecho de que la mitad de ella se encuentre en el medio rural, según han expresado las organizaciones agrarias andaluzas a la presidenta Susana Díaz.

Representantes de Asaja, COAG, UPA y las cooperativas agroalimentarias se han reunido esta mañana con Díaz para trata sobre financiación autonómica, y al término han coincidido en destacar que, si bien la prioridad son los servicios sociales, también hay que alentar los sectores productivos para, precisamente, hacer sostenible esos servicios.

Miguel López, de COAG, la lamentado que Andalucía perciba 400 euros menos por habitante que la media nacional y que Andalucía esté “la tercera por la cola” en financiación autonómica, por medidas establecidas, ha especificado, por el presidente Rodríguez Zapatero y mantenidas por Mariano Rajoy.

Igualmente ha lamentado que en el actual periodo de la Política Agraria Comunitaria (PAC) Andalucía haya dejado de percibir 900 millones de euros.

Además de pedir una armonización fiscal y que se eludan “broncas inútiles”, López ha confiando en que no haya que volver a devolver fondos comunitarios porque no se tenga capacidad de cofinanciación.

Más peticiones

Ricardo Serra, de Asaja, ha lamentado que la Consejería de Agricultura -si no se cuentan los fondos procedentes de Europa– sea la que cuenta con menos presupuesto, y como ejemplo de la necesidad de inversiones en el medio rural ha puesto el muy deficiente acceso a internet que se padece en muchas comarcas.

Miguel Cobos, de UPA, ha criticado que entre 2009 y 2014 Andalucía haya dejado de percibir algo más de 5.000 millones de euros en concepto de financiación autonómica, y ha incidido en que ha de tenerse en cuenta que la mitad de la población andaluza sea rural, con las necesidades que eso conlleva en carreteras, trenes, servicios y cuestiones medioambientales.

El representante de la cooperativas agroalimentarias, Rafael Leal, ha criticado que la diferencia de inversión por habitante, entre la comunidad que más recibe y la que menos, sea de 800 euros, ha demandado un reparto “más justo y equitativo” de los fondos destinados a las comunidades autónomas.