CCOO y UGT-FICA han solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ser interlocutores válidos en la negociación del reparto de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y han reclamado que estas ayudas estén condicionadas al desarrollo del empleo en el campo.
En declaraciones a Efeagro, el secretario general de CCOO de Industria, Agustín Martín, defendió esta propuesta argumentando que los sindicatos tienen “acreditada” su representatividad en el sector agrario y aseguró que el ministro “ha sido receptivo” a la propuesta.
Sindicatos, al mismo nivel de interlocución
“Las organizaciones agrarias representan a autónomos o empresarios, pero no a los trabajadores por cuenta ajena en el sector. Por tanto, para nosotros es fundamental que los sindicatos estemos al mismo nivel de interlocución”, insistió Martín.
En esta primera reunión mantenida con el ministro, los sindicatos aprovecharon también para reclamar medidas contra el fraude en el sector y propusieron la modificación de la normativa relativa a las altas y bajas en la Seguridad Social y la declaración de las jornadas de trabajo reales, así como la digitalización del proceso.
Defendieron la puesta en marcha de modificaciones para que los empleados del sector agrario tengan contrato por escrito desde el primer día de trabajo, ya que con la legislación actual pueden estar hasta 28 días sin él, dándoles de baja a final de mes y dándoles de alta de nuevo a principio del mes siguiente.
Por otra parte, CCOO y UGT FICA trasladaron al ministro la necesidad de crear una Comisión Interministerial entre los departamentos de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de Agricultura, Pesca y Alimentación -con participación de los agentes sociales- para mejorar las condiciones trabajo de los temporeros.
Según Martín, los sindicatos y el ministerio han comprometido una agenda que ajustarán el próximo mes de septiembre para empezar a dar forma a las propuestas presentadas en esta primera toma de contacto.
En un comunicado conjunto, ambos sindicatos detallaron que entre sus peticiones al ministro figura que desarrolle definitivamente la Ley de Integración de los Trabajadores del Campo en el Régimen General, que fue aprobada en 2012 y que hasta la fecha no está plenamente desarrollada, lo que a su juicio facilita “la existencia de trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda clase”.
Por otra parte, insistieron en la necesidad de mejorar los convenios colectivos, con salarios más elevados y articulando medidas de control con las empresas, además de que el Gobierno favorezca la puesta en marcha del Convenio Estatal del Campo.
