El Tribunal Supremo (TS) ha acordado la suspensión cautelar de la multa procedente de la Unión Europea (UE) que el Gobierno repercutió a Cantabria y Andalucía. En el caso de Cantabria, la infracción es de 6,4 millones y para Andalucía, es de 63,7 millones.

Esta decisión es la misma que tomó el Alto Tribunal la semana pasada sobre Extremadura, Galicia y La Rioja por incumplimientos en la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP).

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del TS suspendió así la cuantía de 79,7 millones de euros impuesta a Extremadura; la de 7,7 millones a Galicia; y la de 4 millones a La Rioja.

La Abogacía del Estado, a favor

Según recogen los respectivos autos, la Abogacía del Estado no se ha opuesto a la concesión de dicha suspensión cautelar ya que el Gobierno está a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la demanda interpuesta en coordinación con las comunidades autónomas al considerar que la multa es “desproporcionada y no ajustada a derecho”.

Esta posición de la Abogacía del Estado ha hecho que el Supremo haya acordado la suspensión cautelar “sin entrar en mayores análisis”.

En el caso de Extremadura, la comunidad autónoma reclamó la suspensión alegando los efectos “perniciosos” con consecuencias “irreparables” que tendría el desembolso sobre sus presupuestos.

El auto de la Xunta de Galicia y el Fondo Galego de Garantía Agraria planteaba que la denegación de la medida cautelar ocasionaría una “perturbación grave” a los intereses de esta región y sus ciudadanos.

La Rioja, por su parte, argumentó que si no se procedía a la suspensión cautelar se produciría un “grave impacto” en las cuentas públicas.

En Andalucía, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural había advertido en numerosas ocasiones del “perjuicio económico” que provocaría la decisión del Gobierno y desde Cantabria alertaron del “pernicioso efecto” que tendría no suspender el pago sobre los datos macroeconómicos de la Hacienda Pública de la comunidad autónoma y el “devastador escenario” en el que situaría a la administración regional.