El responsable de Tragsa ha analizado este martes la situación de este grupo de empresas públicas en un coloquio telemático, organizado por Executive Forum, en el que ha apelado a la responsabilidad de mantener el sector productivo en el medio rural y evitar el despoblamiento.

Sobre el reparto del fondo de recuperación Next Generation, Casas ha señalado que quizás primero proporcionen apoyo técnico para la elaboración de proyectos y participen en obras públicas en una segunda fase.

“Queremos dar respuesta a lo que nos vayan encargando sin que eso suponga colapsar o matar el sistema”, ha afirmado el presidente de Tragsa, grupo que apenas tiene un 2 % de su actividad vinculada al sector privado, concentrado en todo caso en el apoyo técnico a comunidades de regantes y organizaciones interprofesionales agrarias.

Además de la Administración General del Estado y la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), comunidades y ciudades autónomas, diputaciones, cabildos y consells forman parte de su accionariado.

Tragsa, tutelado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), es un medio propio instrumental que forma parte de las administraciones públicas y está principalmente a su servicio.

Casas ha señalado que quieren ejecutar las demandas surgidas a partir de los planes de recuperación “sin ampliar estructura” y calcula que la inyección de esos fondos posiblemente incremente su volumen de producción por encima de los mil millones de euros, nivel que alcanzaron en 2020.

El grupo, que bajará un 1,17 % sus tarifas en 2021, cerró el ejercicio 2020 con un beneficio de 23,8 millones de euros, casi cuatro veces más que un año antes, gracias a que su facturación subió hasta sus mejores niveles desde 2010.

Con unos 2.000 encargos anuales, Tragsa representa un 2 % del total de inversión que mueven las administraciones, ha enfatizado su presidente, que ha dicho que no cree “estar socavando los principios del libre mercado”.

La empresa pública, la segunda mayor por detrás de Correos, cuenta con unos 15.000 empleados, la mitad de ellos fijos, y está inmersa en un proceso de estabilización de personal para que este año se incorporen de forma estable a la plantilla 1.200 personas.

Frente a la década anterior, marcada por la crisis y en la que el grupo empezó a diversificarse y licitar en el extranjero, Casas ha destacado que han optado por abandonar ese camino, cerrando actividades en las que compitan con empresas privadas, también fuera de España; que no estén ligadas a su objeto social o que sean obras civiles ajenas.

“Hemos vuelto al núcleo duro que es el servicio público”, ha remarcado el responsable, defensor de la transparencia de sus procedimientos y de tarifas iguales para todas las administraciones para las que trabajan, que se ajustan anualmente en función de sus costes reales y la evolución del mercado.

Dentro de su visión social, ha recalcado que un 73 % de la actividad de Tragsa se desarrolla en el medio rural y que el 68 % de sus trabajadores vive en núcleos rurales, al tiempo que colabora con unas 5.000 pequeñas empresas rurales y está presente en la mitad de los 2.000 municipios actualmente en riesgo de desaparición.

Tragsa se ha encargado de un tercio de los regadíos construidos en España en los últimos 25 años, ha realizado unos 50.000 kilómetros de caminos rurales, ha regenerado medio millón de hectáreas y ha desarrollado la gestión de la Política Común Agraria (PAC), entre otros retos mencionados por su presidente.

“Somos el tercer ingreso en el medio rural por detrás de las pensiones y la PAC”, ha sostenido Casas, que ha subrayado que también son una “empresa de emergencias”, como demostraron con su intervención tras el paso en enero pasado del temporal Filomena.

Asimismo, la empresa también participa en los contratos públicos cuando quedan desiertos o la iniciativa privada no quiere concursar, y está presente en 14 países por encargo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).