El acuerdo permitirá «fortalecer la protección de los alimentos de calidad, mejorar la retribución de los productores europeos y reforzar el liderazgo alimentario de la UE», anunció el ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en rueda de prensa.
España, que ostenta la presidencia del Consejo de la UE hasta el 31 de diciembre, había indicado que entre sus prioridades figuraba llegar a un acuerdo sobre la modificación del reglamento sobre las indicaciones geográficas protegidas.
Planas indicó que actualmente hay 3.626 productos alimentarios con alguna de estas tres indicaciones y que su valor económico supera los 80.000 millones de euros.
Se aplicará en particular a las denominaciones de origen protegidas (DOP), las indicaciones geográficas protegidas (IGP) y las especialidades tradicionales garantizadas.
«El reconocimiento y respeto internacional de estos productos en los acuerdos comerciales (…) es absolutamente fundamental», añadió Planas.
Indicó asimismo que los tres países de la UE con más número de figuras de calidad son Italia con 883, Francia 759 y España con 372.
Por su parte, Polonia es la primera con once reconocimientos en especialidades tradicionales garantizadas.
El acuerdo político fue logrado entre el Parlamento y el Consejo con la colaboración de la Comisión Europea, después de un año y medio de negociaciones, precisó Planas.
«Las indicaciones geográficas muestran lo mejor de nuestra rica tradición gastronómica europea. El acuerdo ayudará a aumentar la aceptación de las IG en toda Europa, reforzará su protección, especialmente en línea, y contribuirá a mantener la excelente reputación de los productos europeos en los mercados globales», dijo Planas.
Las reglas revisadas mejorarán el sistema existente gracias a un procedimiento de registro simplificado y más eficiente, lo que reducirá el tiempo de espera entre la solicitud y el registro real de la indicación geográfica.
La protección tendrá lugar también en línea y se dará más peso a los grupos de productores.
Los Estados miembros podrán designar grupos de productores reconocidos con mayores poderes y responsabilidades.
En el caso de los productos agrícolas y los vinos, los grupos de productores podrán acordar prácticas de sostenibilidad que vayan más allá de las normas nacionales o de la Unión, precisó el Consejo en un comunicado.
Además, se prevé la inclusión en el reglamento de determinadas disposiciones relacionadas con el vino que actualmente están cubiertas por el reglamento de la organización común de mercados (OCM).
El acuerdo también ofrecerá protección en el caso de las indicaciones que son ingredientes de alimentos preenvasados.
Después del acuerdo alcanzado continuarán los trabajos técnicos para completar el texto legal con el acuerdo provisional.
Una vez finalizado, el texto se presentará a los representantes de los Estados miembros en el Comité Especial de Agricultura (CEA) para su aprobación.
Tras una revisión jurídica y lingüística, el reglamento deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor.
Negociaciones en el Parlamento Europeo
Por otra parte, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo no logró este martes aprobar una resolución que pedía la total prohibición del uso del herbicida glifosato en la Unión Europea (UE), algo que fue muy criticado por los Verdes y por las organizaciones ecologistas.
Los eurodiputados no consiguieron una mayoría para presentar una objeción a la decisión de la CE de renovar la aprobación del glifosato.
El asunto obtuvo 38 votos a favor, 40 en contra y 6 abstenciones.
El pasado 20 de septiembre la Comisión Europea (CE) propuso prorrogar el uso del herbicida glifosato diez años más, hasta 2033, en la Unión Europea, aunque fuentes comunitarias se abrieron a revisar y retirar su aprobación antes de que expire este plazo si aparecen nuevos estudios científicos que así lo aconsejen.
Los eurodiputados de la comisión también pidieron que se reduzca en un 65 % el uso de los pesticidas más peligrosos en la Unión Europea (UE) para el año 2030, una cifra superior a la que propuso la Comisión Europea.
Lo hicieron al adoptar su postura sobre la legislación que pretende reducir la utilización de pesticidas en el club comunitario, que la Eurocámara deberá negociar más adelante con los Estados miembros.
En el texto, adoptado por 47 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, los eurodiputados afirman que para 2030 la UE debe reducir el uso y riesgo de los productos químicos fitosanitarios en al menos un 50 % y la utilización de los denominados «productos más peligrosos» en un 65 %, frente a la media en el periodo 2013-2017.
La Eurocámara indicó en un comunicado que la Comisión Europea, en el proyecto legislativo, había propuesto una disminución del 50 % en ambos casos frente a la media del periodo 2015-2017.
Los parlamentarios quieren que cada Estado miembro adopte objetivos y estrategias nacionales, a partir de las sustancias vendidas cada año, su nivel de peligrosidad y el tamaño de las áreas agrícolas.
