Relajación, falta de pedagogía o rechazo a aceptarla por parte de algunos eslabones: con esas palabras contesta el campo español cuando se le pregunta qué nivel de cumplimiento hay sobre la modificación de la Ley de la cadena alimentaria que fue aprobada hace ya cerca de tres meses.

Las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA hacen para Efeagro un análisis de ese cambio que fue aprobado por el Consejo de Ministros y ahora se tramita como proyecto de Ley en la Cámara Baja.

Hay que recordar que el Ejecutivo decidió hacer una modificación exprés de la normativa vigente desde 2013 en un contexto de movilizaciones del campo español por la falta de rentabilidad y los bajos precios en origen.

En estas modificaciones se introdujeron cambios de calado, como la prohibición de la venta a pérdidas o la obligatoriedad de indicar expresamente en los contratos el precio negociado entre el productor y su primer comprador, entre otros.

Tres meses después y con una pandemia de por medio, que obligó a decretar el estado de alarma y parar todas las actividades no esenciales durante un tiempo, éstas son las opiniones de las organizaciones agrarias:

ASAJA

El coordinador de cadena alimentaria de Asaja, José Ramón Díaz, apunta a la necesidad de enseñar a todos los agentes el nuevo marco porque “supone un cambio de filosofía en la formación del precio” que, “hasta ahora, se venía estableciendo desde arriba (distribución) hasta abajo (productor)”.

Se trata, según añade, de que “entre todos” se consiga rentabilidad para los diferentes eslabones y el beneficio “esté más equilibrado”.

Pero insiste en que hasta llegar a ese punto “falta mucha pedagogía” porque se trata de un “cambio conceptual interno” y de “saber aceptar” aspectos como la obligatoriedad de hacer contratos por escrito o “que no puede haber precios a resultas”.

Díaz entiende que asimilar eso cuesta en una cadena “acostumbrada durante décadas a trabajar de una determinada forma”.

COAG

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, habla de “relajación” en su aplicación y pide “reactivar” la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) así como la puesta en marcha del Observatorio de la Cadena o grupos de trabajo que escruten precios, costes y márgenes de rentabilidad con los que funciona.

También es esencial “que haya” índices públicos de referencia de precios para cerrar los contratos de compra-venta; son referencias “no obligatorias”, según recuerda Blanco, pero facilitan las relaciones contractuales.

Tres meses después, “se siguen manteniendo precios por debajo de costes” por lo que “se está destruyendo valor”.

De esta “relajación” en la aplicación de la Ley, “se han aprovechado los especuladores” que impiden conseguir una cadena “más fuerte” de origen a destino.

UPA

Fuentes de UPA aseguran que “está costando” que la Ley “verdaderamente sea aceptada” por algunos agentes.

Por eso, UPA recuerda que “la norma no es opcional, hay que cumplirla” por lo que hacen un llamamiento “a todos” para que “no pongan trabas en su cumplimiento”.

La normativa “deber ser una herramienta importantísima” para resolver el “principal” problema de la agricultura española: la escasa rentabilidad por “la falta de precios justos”.

Por eso, piden también a las administraciones públicas “responsabilidad” en el ámbito de sus competencias porque “son ellas las que deben garantizar su cumplimiento”.

Esa reforma exprés sólo fue el inicio de un cambio de mayor que tendrá que acometer el Gobierno español próximamente para adaptar la Ley a las directivas comunitarias europeas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya adelantó en febrero que se tendrán que adaptar hasta 30 artículos por lo que se prevé una modificación de calado.