España es un país con abundancia en recursos biomásicos, no solo de residuos forestales (el tercer país europeo en superficie forestal), sino también de subproductos agroganaderos (líder en producciones como aceite de oliva), pero se halla a la cola en el ránking de su aprovechamiento para convertirlo en energía “limpia”.

Esta “energía neutra en carbono, clave para la transición energética”, está infrautilizada, por lo que la Unión por la Biomasa (integrada por 37 entidades) ha demandado al Gobierno incentivos para fomentarla.

Demandas al Gobierno

El presidente de APPA-Biomasa, Jordi  Aguiló, ha reclamado que se articulen subastas específicas para la tecnología de la biomasa, la creación de una comisión interministerial para poder consolidar las externalidades y beneficios que aporta a España, así como eliminar la actual limitación a su juicio “arbitraria” de generación de energía de 6.500 horas al año (el gas, por ejemplo, no tiene ese límite).

Según el Balance Socioeconómico de las Biomasas en España, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), el sector tiene un balance positivo anual -diferencia entre la aportación a las arcas públicas y ahorros medioambientales y la retribución específica percibida por la actividad- de 1.323 millones de euros que, en un escenario más incentivado, podría rozar los 2.150 millones de euros en los próximos tres años.

Desde AFI, Pablo Hernández ha incidido en el “enorme potencial” de la biomasa, ya que España es un país con abundancia en recursos biomásicos que están “ociosos”.

Biomasa, sector con grandes beneficios para la sociedad

Ha explicado que en el mix de generación eléctrica la biomasa, el biogas y la fracción orgánica de residuos municipales (FORM) apenas suponen un 2 %, y que en países donde no tienen más recursos -como Alemania o Francia- el peso es mayor, sin contar con Finlandia, donde alcanza el 20 %.

En su opinión, es necesario “poner en valor las externalidades de la biomasa“, como el ahorro en emisiones de CO2 o en prevención de incendios, y su valor añadido por generar puestos de trabajo, dinamizar la actividad económica y ayudar a cumplir con los objetivos medioambientales y de equidad territorial ante el grave problema de la despoblación rural.

La presidenta de la Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España (COSE), Patricia Gómez, ha recordado que en España más de la mitad del territorio es forestal, 27,7 millones de hectáreas, y el tercero en este sentido en Europa, por detrás de Suecia y Finlandia.

Uso biomasa es clave en prevención de incendios

“Nuestros montes demandan que se les gestione de manera sostenible” y de esta forma se contribuiría a “evitar los enormes incendios forestales que cada año asolan nuestro país”, ha explicado.

“No deja de ser una paradoja, que un país rico en recursos naturales” no consuma apenas energía de biomasa y en el “monte se acumulan unos 40 millones de metros cúbicos” con el riesgo de incendios forestales que eso supone, ha insistido.

“Pedimos mayor apoyo a este sector” que tiene capacidad para generar empleo, riqueza y beneficios ambientales, sobre todo, en el medio rural.

El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, en representación del sector agroganadero, ha puesto como ejemplo el trabajo que se hace en el primario en el que se ha dado soluciones a un problema como los subproductos agroganaderos que además se ha convertido en valor añadido.

Biomasa: importantes posibilidades de empleo rural

Ha puesto como ejemplo el sector del aceite de oliva, alimento del que España es el primer productor mundial, ya que “cuando hemos sacado todo de la aceituna”, los restos se llevan a “biomasa y producimos una energía limpia, de mucho valor añadido para el territorio” en términos de empleo y medioambientales.

La biomasa ofrece, sobre todo en el medio rural, importantes posibilidades de empleo “especialmente en zonas rurales con riesgo de despoblamiento que suelen coincidir con áreas con gran cantidad de recursos biomásicos“, ha recalcado.

Por ello,  ha reivindicado una “política nacional” de fomento de la biomasa en la que estén los ministerios de Transición Ecológica, Trabajo y Agricultura, junto con las autonomías, para, “de forma coordinada y conjunta”, apostar por el desarrollo de esta energía renovable.

No obstante, ha advertido de que tiene que haber una “discriminación positiva” para agricultores y ganaderos y “si las medidas son un premio funcionarán, si son un castigo no servirán para nada”.

Los expertos han coincidido en que la valorización energética de la biomasa es una alternativa eficiente y sostenible a la urgente necesidad de reorientar el modelo productivo hacia un modelo circular basado en la bioeconomía.