Las tiendas de panadería, carnicería y pescadería han reclamado este martes que se aplace dos años la obligatoriedad de utilizar el sistema VeriFactu, que obliga programas de facturación electrónica certificados y a transmitir los datos a la Agencia Tributaria.
Así lo han expuesto en un comunicado conjunto las patronales Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca, que han explicado que la implantación inmediata de VeriFactu "puede poner en riesgo la viabilidad de miles de establecimientos" en un sector "formado mayoritariamente por microempresas y autónomos, con recursos humanos y económicos muy limitados".
"Nuestros sectores identifican varios obstáculos para la adaptación", entre los que han mencionado "la carencia de conocimiento técnico y legal, los elevados costes de software y de hardware y la falta de soporte y ayudas", han explicado.
A su juicio, "no se trata de rechazar la norma ni sus objetivos, sino de reclamar un plazo razonable que permita a nuestros establecimientos adaptarse sin riesgo para su viabilidad económica".
Flexibilizaciones como las del País Vasco
Han recordado que en el País Vaco, con la implantación del sistema TicketBAI, "que comparte fines similares con VeriFactu", fueron sensibles y previeron flexibilizaciones, como que los mayores de 60 años que ejercían una actividad económica sin personal contratado quedaron exentos de la obligación.
Las tres patronales del comercio minorista del pan, la carne y el pescado han planteado una moratoria de dos años para "que permita una adaptación progresiva y ordenada del comercio de proximidad", "exoneraciones específicas para personas físicas mayores de 60 años" y "flexibilidad para colectivos vulnerables" para usar VeriFactu.
Además, han solicitado "deducciones fiscales en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades para hacer más atractivo el cambio, y recompensar a los que se adhieren antes y también ayudar a paliar parcialmente la inversión" y ayudas para la compra de programas informáticos y apoyo técnico y formativo.
La Agencia Tributaria -han recordado- obliga a sociedades y autónomos a implantar VeriFactu entre enero y julio de 2026, y las tres organizaciones reclaman que en España se utilice un "calendario paulatino" para su aplicación, como en Francia, donde hasta el 1 de septiembre de 2027 las pymes y micropymes no están obligadas a emitir facturas electrónicas
