La Resolución ministerial, aprobada el viernes por el Mapama en el BOE, aplica a la DOP Cava una limitación del 0,52 %, lo que se traduce en un límite de 172,2 hectáreas aplicable a las solicitudes del próximo año, contabilizando las peticiones de nuevas plantaciones, replantaciones y conversiones de derechos de replantación (es decir, 57,4 hectáreas en cada caso).

Los operadores valencianos y extremeños consideran que esta cifra es muy baja porque sólo en sus territorios las aspiraciones pasaban por plantar centenares o incluso miles de nuevas hectáreas ante una creciente demanda.

La consejera extremeña de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, anunció el viernes, el tras conocer la Resolución la presentación de un recurso de alzada ante la decisión del Gobierno para la DO Cava, “muy negativa para la región”.

La consejera manifestó su oposición “frontal y absoluta” ante esta limitación y afirmó que, de denegarse el recurso, la Junta presentará otro contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Rechazo en Requena (Valencia)

También la consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, avanzaba que “recurriremos esta decisión ante todas las instancias administrativas y judiciales que estén a nuestro alcance”.

La decisión representa un “ninguneo claro por parte del Gobierno de Mariano Rajoy a los agricultores de Requena y de la Comunidad Valenciana en general” y a los representantes políticos de la Comunidad que respaldaron una resolución de las Cortes Valencianas por unanimidad -incluido el PP- que defendía que los productores de cava de Requena tuvieran más hectáreas.

Según sus datos, sólo Requena tenía unas posibilidades de 1.300 hectáreas, de ahí el esfuerzo que se estaba haciendo en reestructuración en la zona, en un contexto, además, de proyección en los mercados, puesto que el sector del cava de Requena estima que podrían aspirar a duplicar las ventas actuales.

Productores no catalanes

Las críticas de los sectores implicados por las limitaciones fueron constantes tanto en Extremadura y Valencia.  Así pues, los empresarios de la localidad extremeña de Almendralejo dedicados a la producción de cava afirmaron que la limitación de crecimiento de superficie decretada por el Gobierno central es “un golpe para la región”.

La Unión Extremadura (marca regional de La Unión de Uniones) lamentó, en este sentido, que el Mapama restrinja el aumento de la superficie de cava en España, cuando “solo Almendralejo tiene un potencial de crecimiento de 6.600 hectáreas”.

Para el presidente de APAG-Extremadura-Asaja, Juan Metidieri, la decisión de limitar nuevas plantaciones de viñedo de cava protegido refleja “el poco caso” que el Gobierno central hace a esa región.

COAG-Comunidad Valenciana apuntó, desde Requena, que la decisión deja fuera de autorización a la mayor parte de las 450 hectáreas de nuevas plantaciones comprometidas en el plan de reestructuración que finaliza en 2018 en esta Comunidad.

Nuevas hectáreas

Más consenso despertó entre las organizaciones agrarias nacionales la decisión del Gobierno de establecer el potencial productivo para 2018.

La norma europea plantea que la superficie que se podrá conceder para nuevas plantaciones debe ser superior al 0 % y como máximo el 1 % de la extensión de viñedo nacional a 31 de julio del año anterior.

En este contexto, la resolución publicada el pasado viernes por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el BOE fija un crecimiento, por segundo año consecutivo, del 0,52 % -unas 4.950 hectáreas-, porcentaje similar al que demandaba el sector agrario.

Para las organizaciones agrarias de ámbito nacional, la resolución continúa en la línea de moderación desde que se instauró el nuevo sistema de autorizaciones de nuevos viñedos en España y en toda la Unión Europea (UE), que sustituye al antiguo régimen de derechos de plantación vigente en el pasado.

El Mapama se decanta por una solución intermedia, que permite estudiar las necesidades del sector, que tiene también en cartera antiguos derechos que pueden convertir en autorizaciones.