Ese es el principal diagnóstico del sector que han hecho algunos de sus protagonistas durante la apertura del X congreso internacional Conxemar-FAO, que se celebra este lunes en Vigo y que reúne a expertos, empresarios y políticos.

Según el presidente de Conxemar, Eloy García, el sector de los productos del mar tiene la "oportunidad de responder a todo ello con más investigación y conocimiento".

García ha destacado la elevada internacionalización del sector, las inversiones de capital en terceros países, el fluido flujo comercial importación-exportación, la notable experiencia en gestión empresarial o la especialización de la cadena de valor, como algunas de las fortalezas del sector para capear la crisis.

"Tenemos los ingredientes y la resiliencia necesaria para salir adelante", ha afirmado el presidente de Conxemar.

Por su parte, el director adjunto de acuicultura y pesca de la FAO, Audun Lem, ha asegurado que 2022 es un año "particularmente difícil" por las consecuencias de la guerra en Ucrania, los altos costes de la energía y las materias primas o el incremento de los tipos de interés, que ha supuesto "una disminución de la demanda de los consumidores".

El veto comunitario en Conxemar

El acto de apertura del X Congreso Internacional Conxemar-FAO, este lunes en Vigo, se ha convertido en un escenario desde el que cuestionar el cierre decretado por la Comisión Europea a la actividad pesquera de fondo en 87 zonas del Atlántico, que entra en vigor el 9 de octubre.

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha mostrado la preocupación del Ministerio por este reglamento y ha significado que el Gobierno trabaja en los ámbitos político, técnico “y desde luego en el análisis, siempre muy complejo, que requiere desde el punto de vista jurídico para acudir de la manera más sólida en la defensa de los intereses del sector” a Bruselas.

Villauriz ha afirmado que el “objetivo muy claro” del Ministerio es “revertir este acto de ejecución”, lo que no implica que el Gobierno no comparta la necesidad de proteger los océanos, al contrario, pero entiende que ha de hacerse “de la forma equilibrada que se precisa”.

Para ello, ha dicho, se requiere “solidez científica”, además de un “análisis económico y social”, todo lo cual ha de hacerse de la mano del sector “que es el camino que nunca debimos dejar de lado en todo este proceso”.

También se refirió a esta cuestión la Xunta de Galicia por medio de su delegada en Vigo, Marta Fernández-Tapias, ante la ausencia del presidente autonómico, Alfonso Rueda, y de la conselleira de Pesca, Rosa Quintana.

Tapias ha afirmado que el reglamento comunitario podría “dar un golpe mortal al sector” provocando “el colapso en toda la cadena mar-industria”, lo que derivaría en un descenso de la demanda de bienes y unas pérdidas a la economía gallega que la Xunta ha cifrado en más de 816 millones de euros.

La medida, que afecta a más de 4.400 tripulantes, puede tener “un impacto brutal”, ha dicho Tapias, quien ha recordado que ha sido tomada por la Comisión Europea “sin ningún estudio ni análisis socioeconómico y, desde luego, sin hacer ninguna consulta formal ni a los interesados ni a los países afectados”.

Tapias pidió unidad en este pulso a la Comisión Europea como “única manera de sacar adelante esto”, y ha instado al Gobierno a presentar “cuanto antes" el recurso.

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha defendido que “la pesca en aguas profundas se hace desde Vigo con criterios de sostenibilidad ambiental” y de “respeto escrupuloso” a los océanos.

El regidor ha tachado de “discrecional” la decisión de la Comisión y también ha pedido unidad de acción para revertirla.

“Vigo pesca en todos los mares del planeta con un criterio de respeto escrupuloso”, ha dicho Caballero, quien ha hablado de una “pesca sostenible, eficiente, que genera valor añadido a toda la cadena, además de proporcionar alimentación saludable para las miles de millones de personas que viven en este planeta”.