El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) acoge este jueves la vista sobre los recursos que el Gobierno de España y empresas pesqueras gallegas y asturianas presentaron contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de cerrar 87 zonas del Atlántico noreste a la pesca de fondo.
El veto de la Comisión Europea (CE) a la pesca de fondo ha provocado, en su primera jornada de aplicación, un cambio en la distribución de la flota española respecto a los 20 últimos años y una concentración en menos caladeros, de momento sin conflicto.
La pesca de fondo a más de 400 metros de profundidad estará prohibida en 87 zonas del Atlántico nororiental a partir de este domingo, con la entrada en vigor de las polémicas vedas impuestas por la Comisión Europea, que en España rechazan las administraciones, la flota y sectores económicos ligados al litoral.
Las inminentes vedas en 87 zonas del Atlántico noreste acentuarán la escasez y los costes de la oferta, uno de los problemas principales de la industria pesquera, un sector globalizado que navega entre las amenazas y las oportunidades.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que la Comisión Europea introdujo contradicciones en el reglamento de ejecución que establece zonas de veda a la pesca de fondo en 87 polígonos del Atlántico nororiental a partir de este domingo, 9 de octubre.
La inauguración oficial en Vigo de la feria internacional Conxemar se ha convertido este martes en el escenario perfecto para que Gobierno de España, Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Vigo mostrasen su rechazo unánime al cierre decretado por la Comisión Europea a la actividad pesquera de fondo en 87 zonas del Atlántico.
Directivos de industrias de la transformación y comercialización de productos del mar, que atraviesan un momento crítico a causa del atasco logístico, el incremento de precios del combustible, la inflación desbocada y la guerra en Ucrania, tratan de analizar esta semana en la feria Conxemar de Vigo soluciones globales a esos y otros problemas.
La firma de un convenio colectivo pesquero y el cierre de 87 zonas a las artes de fondo en el Atlántico noreste impuesto por la Comisión Europea (CE) son los desafíos laborales más urgentes para los marineros de la flota española, según los sindicatos.
El Gobierno español estudia "jurídicamente" las posibilidades de recurrir contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de cerrar a la pesca de fondo 87 zonas del Atlántico noreste pero no ha tomado una decisión aún, según la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que se está trabajando para establecer "flexibilidad" en el reglamento que prepara Bruselas para fijar áreas marítimas vulnerables y que conlleva la "prohibición o disminución muy significativa" de la pesca.
Organizaciones pesqueras de catorce Estados miembros de la Unión Europea (UE), incluido España, destacaron este miércoles en una reunión con la Comisión Europea (CE) el carácter sostenible de la pesca de fondo y “su importancia general”, según informó la patronal europea Europêche.
