En la clausura de su asamblea anual hoy en Madrid, el presidente de Cooperativas, Ángel Villafranca, ha expresado su preocupación por el impacto de la ley de la cadena, que "no está cumpliendo" su objetivo de garantizar la rentabilidad de los productores.

"No podemos seguir confundiendo a agricultores y ganaderos con promesas si no se cambia la regulación del mercado de la Unión Europea, el control de sus fronteras y la Política Agraria Común (PAC); solo con una ley de la cadena no es suficiente para garantizar la rentabilidad", ha apuntado Villafranca.

El presidente ha recordado que "los precios los fija el mercado" y ha criticado "que se ponga en duda la relación del socio con la cooperativa", de la que es propietario, por lo que "no tiene que estar obligado" a determinar el valor, el calendario y el registro de los pagos.

Ha insistido en la necesidad de modificar esos aspectos, incluidos los relativos al registro de contratos alimentarios, puesto que entre las cooperativas hay grandes empresas y "no se puede obligar a los operadores que inscriban los contratos como si fueran pequeños agricultores".

Sobre la proposición de ley presentada por ERC y tomada en consideración esta semana por el pleno del Congreso de los Diputados, Villafranca ha mostrado su disposición a trabajar con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y con los partidos para que se refleje la posición de las cooperativas en la futura reforma de la ley de la cadena.

Tras las movilizaciones de los agricultores de los últimos meses, en las que han participado muchos socios de cooperativas y algunas federaciones, el presidente de Cooperativas ha asegurado que "no estaban en primera línea" como organización, pero sí estaba "su gente".

A raíz de esas protestas, han "reflexionado” y elaborado el documento con una serie de demandas que junto a las organizaciones agrarias Asaja y COAG entregaron al Gobierno.

"Nos hubiera gustado coincidir con todos, pero no siempre el consenso es posible en nuestro sector", ha afirmado Villafranca.

Su organización integra casi 3.700 cooperativas, que representan a más de 1,1 millones de familias y dan empleo directo a unas 122.000 personas, según los datos de su último informe.

En 2022, las cooperativas agroalimentarias facturaron 43.200 millones de euros, el 15 % más que el año anterior, y significaron el 69 % de la producción final agraria, el 30 % de la industria agroalimentaria y más del 14 % de las exportaciones del sector en España.

"Nuestro modelo cooperativo es un modelo vivo, de empresa adaptada a los tiempos", ha defendido Villafranca, quien ha subrayado su carácter democrático, su rendición de cuentas y el traslado de sus beneficios a sus socios y al territorio rural, del que "nunca" se van a deslocalizar.

Ha añadido que son una organización "abierta a la negociación aportando propuestas y soluciones", además de "leal con las instituciones, pero eso no supone renunciar a defender sus intereses".

Entre otras demandas, ha instado a mejorar los seguros agrarios y a apostar por una política hidráulica con inversiones en infraestructuras, investigación, innovación y un cambio en el modelo de gestión del agua con el consenso necesario.