La importación a España de países con “alto riesgo” de vender pescado ilegal se ha reducido, pero los operadores se desvían a otros países de la Unión Europea (UE) con menos control, según un informe de varias ONG ecologistas.
El acuerdo afecta a los barcos comunitarios que operan fuera de las aguas de la Unión Europea (UE) y a los buques de países terceros que faenan en los caladeros comunitarios. Los armadores y los ecologistas consideran que reforzará el control contra la pesca ilegal.
La Unión Europea (UE) aplica, desde el 1 de enero, un sistema de identificación para pesqueros mediante un número de la Organización Marítima Internacional (OMI). El objetivo es controlar mejor a su flota y a barcos de países terceros que llegan a sus aguas.
