Las movilizaciones agrarias en toda Europa de 2024 siguen dando frutos. Este mes, Bruselas ha pospuesto la obligatoriedad del cuaderno digital mientras que el Parlamento Europeo ha apoyado los contratos de venta escritos en la agricultura y la rebaja de las medidas ambientales de la PAC, iniciativas que en líneas generales han sido bien recibidas en el campo español.
La organización agraria Asaja ha celebrado las decisiones del Parlamento Europeo (PE) a favor de mejorar posición de los agricultores en las relaciones de la cadena alimentaria, blindando los contratos, mientras que Unión de Uniones (UdU) la ha valorado con matices.
Asaja, las plataformas Farm Europe y Eat Europe han mostrado su satisfacción, en un comunicado conjunto, sobre el dictamen de la Eurocámara, aprobado en Estrasburgo el miércoles, que respalda una revisión de la organización común de los mercados agrícolas (OCM) con propuestas "clave" para proteger mejor a los agricultores.
Han celebrado "la postura decidida a favor del etiquetado, la transparencia en el origen de los productos, la protección de los consumidores y la puesta en valor de las cooperativas por sus estándares justos", según la nota.

También han valorado "la puesta en marcha de un marco normativo sólido y exhaustivo para salvaguardar las denominaciones de los productos cárnicos", especialmente en lo referente a términos como "hamburguesa", "salchicha" y "filete, utilizados habitualmente de forma inadecuada" en la venta de imitaciones.
En este mismo sentido se ha manifestado la Asociación de Industrias de la Carne de España (Anice), que considera "un paso clave" la enmienda que ha propuesto una definición de 'carne' para frenar su uso en alimentos veganos que aparentan similitud con el producto animal.
La organización agraria UPA ha mostrado también su satisfacción a la decisión del Parlamento Europeo de reformar la OCM para blindar los contratos en el campo, en contra del criterio de las cooperativas, que ha calificado de "logro histórico", puesto que de esa forma se "extiende" la estructura de la ley española de cadena alimentario al resto de la Unión Europea (UE), a pesar de las "maniobras de algunos grupos de presión".
UPA y Asaja también han coincidido en celebrar que el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (Scopaff), en su reunión del pasado 3 de octubre, pospusiera hasta 2027 la obligación de contar con el cuaderno de registros de productos fitosanitarios en formato digital.
Desequilibrios estructurales
Por su parte, UdU ha afirmado, en un comunicado, que la Eurocámara ha incorporado "varias propuestas planteadas por la organización" y considera "que el texto aprobado no resuelve los desequilibrios estructurales que siguen afectando a los agricultores y ganaderos europeos".
La organización agraria ha valorado las mejoras en los contratos, aunque ha opinado que los umbrales para suscribirlos "siguen siendo altos" pero ha lamentado que otras propuestas igualmente esenciales hayan sido "rechazadas o diluidas".
Ha criticado que no se haya eliminado el límite del 33 % de la producción nacional para las asociaciones de organizaciones de productores, que seguirá "restringiendo su capacidad de concentración ", y la reducción insuficiente de los umbrales económicos (de 10.000 a 4.000 euros) para la obligatoriedad de los contratos.
UdU había propuesto un umbral de 1.000 euros.
Por otra parte, ha opinado que el dictamen de la Eurocámara "se ha quedado corto: Los problemas de fondo siguen siendo los mismos: la concentración de poder en la distribución, la opacidad en la formación de precios y la lentitud de las administraciones para actuar ante los abusos", según el comunicado.
Contratos en las cooperativistas
Cooperativas Agro-alimentarias, tras conocer la se ha mostrado a favor del "avance hacia una mayor armonización en la cadena alimentaria", aunque ha mostrado su "preocupación por la posible afectación al modelo cooperativo".
En un comunicado, ha asegurado que el Parlamento Europeo ha aprobado los contratos obligatorios por escrito en toda la UE, pero "no reconoce totalmente la especificidad de las cooperativas".
La organización ha lamentado que se les obligue a incorporar en sus estatutos disposiciones con objetivos similares a los contratos de compraventa privados en su relación con los socios, pese a que dicha relación "no puede considerarse comercial, sino societaria y mutualista", por lo que -a su juicio- debería quedar fuera de cualquier regulación contractual.









