La Secretaría General de Pesca del Ministerio ha abierto dicho proceso tras finalizar el análisis y la clasificación de más de tres mil documentos durante el desarrollo de la Operación Sparrow, cuyo objetivo fue investigar la pesca pirata. Empresas gallegas fueron objetivo de las pesquisas por su relación con buques que operan ilegalmente en aguas del océano Antártico.

El Ministerio imputa 19 infracciones “muy graves, de carácter continuado” a la Ley de Pesca Marítima del Estado, que son sancionables de manera individual con multas de hasta 600.000 euros y penas de inhabilitación para el ejercicio de la pesca.

Gracias a dicha regulación, el Gobierno puede penalizar a quienes practiquen la pesca ilegal, una vez que pase el correspondiente período de alegaciones, ha añadido.

Dentro de la operación, los servicios de inspección y control analizaron documentos recopilados en la sede de empresas domiciliadas en Galicia, bajo autorización judicial.

Cuatro buques ilegales

Agricultura imputa la presunta explotación de cuatro buques incluidos en la lista de pesca ilegal de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (CCRVMA): “Kunlun”, “Songhua”, “Yongding” y “Tiantai”.

La imputación afecta a varias sociedades por la presunta gestión directa de diversas empresas pantalla, domiciliadas en terceros países, relacionadas o encargadas la gestión, explotación y propiedad de los citados navíos. También concierne a varios ciudadanos españoles, como responsables de las mencionadas sociedades pantalla.

Se trata de actividades prohibidas por la Unión Europea (UE), por lo que la responsabilidad “recaería sobre las empresas o ciudadanos españoles” que domiciliaban sociedades en Belice, Panamá y Suiza.

Además, el Ministerio abrirá expedientes sancionadores “de manera inminente” a 50 tripulantes españoles por enrolarse en dichos buques durante los últimos años, en contra de las leyes comunitarias.

El Gobierno procederá a poner en conocimiento de los Estados de pabellón de los barcos los presuntos hechos. Para evitar la “impunidad” de los buques que operan bajo banderas de conveniencia, y en caso de que en el plazo de tres meses desde la comunicación oficial de España no exista respuesta o no se haya iniciado alguna actuación, el Ministerio efectuará los “expedientes sancionadores”.

Acción celebrada por pescadores y ecologistas

La patronal española de armadores Cepesca y las organizaciones ecologistas han celebrado el anuncio del Gobierno sobre el inicio de un proceso sancionador.

El secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha manifestado a Efeagro que con esta operación España “transmite un mensaje importante” al resto del mundo sobre su “papel” en la lucha contra la pesca ilegal.

Los imputados se enfrentan a multas por más de 11 millones de euros, según los ecologistas

Para Garat, es un “aviso para que quienes pescan o pensaban pescar ilegalmente dejen de hacerlo” y confía en que tenga una “importante repercusión” en la mejora de la “imagen” de la flota española, que se ha visto dañada en ocasiones por la conducta de algunos “indeseables”.

Las organizaciones Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana y WWF han asegurado que las empresas y ciudadanos imputados podrían enfrentarse a penalizaciones económicas por un valor superior a los 11 millones de euros.

Las ONG han calificado de “momento histórico” el anuncio del Gobierno de comenzar ese proceso sancionador y han hecho un llamamiento a otros países de la Unión Europea (UE) “para que hagan lo mismo”.

Según los ecologistas, las sanciones son “las más altas jamás impuestas” por un Gobierno de la UE”. Greenpeace también ha valorado la actuación.