Planas ha afirmado este jueves que trabajará con las comunidades autónomas con el objetivo de lograr un “gran pacto en España” para la aplicación de la PAC.  El ministro ha presidido, en la sede del Ministerio, el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, con los consejeros autonómicos del ramo.

En rueda de prensa, Planas ha detallado su propuesta de mantener las ayudas asociadas para la ganadería extensiva en ovino, caprino y vacuno de leche y carne, así como en otros sectores como la remolacha o el arroz.

Igualmente se han analizado los programas especiales para el vino, las frutas y hortalizas, y la apicultura, además de los criterios en el reparto de los fondos de desarrollo rural, con la innovación, el relevo generacional y la igualdad de género -con la posible discriminación positiva hacia las mujeres- entre sus prioridades.

Planas ha planteado una “reserva de buena ejecución” dentro del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) para las autonomías que necesiten más fondos.

Sobre los 1.051 millones de euros del fondo europeo de recuperación para el sector agrario en España, el ministro ha explicado que estos servirán para mejorar los regadíos, los cultivos bajo plásticos, la digitalización y la bioseguridad en las explotaciones.

El encuentro de hoy es el segundo entre Planas y los consejeros después del que tuvieron en julio pasado, cuando abordaron cuestiones como la definición del agricultor genuino, la ayuda básica a la renta y los ecoesquemas, tras conocerse el presupuesto de la PAC para 2021-2027, del que a España le corresponden 47.724 millones de euros.

El ministro ha precisado que en los próximos meses tiene previsto mantener encuentros bilaterales con cada una de las comunidades autónomas para avanzar hacia un acuerdo, antes de reunirse con todas ellas por tercera vez en abril, coincidiendo con la consolidación de los reglamentos europeos de la nueva PAC.

La respuesta de las autonomías

Andalucía ha destacado que todavía no se han cerrado aspectos como la definición del agricultor genuino, por lo que hacen falta más reuniones y más colaboración del Gobierno en la elaboración del plan estratégico.

Murcia también ha reclamado al Ejecutivo “más transparencia” sobre la gestión del Ejecutivo en la UE, ya que “siguen sin conocerse los aspectos más relevantes de la PAC”, al tiempo que ha propuesto dos modelos de ecoesquemas para evitar la desertificación y fomentar prácticas sostenibles.

Castilla y León ha reivindicado el mantenimiento de las ayudas asociadas actuales para la agricultura y la ganadería, especialmente para el ovino y caprino, sectores vulnerables desde el punto de vista “social y económico”, y la remolacha, de especial importancia en dicha región.

Galicia, por su parte, ha resaltado la necesidad de que los fondos europeos de recuperación de la crisis tengan en cuenta al sector primario “en consonancia con su peso en el Producto Interior Bruto (PIB)” y ha reclamado más apoyo para las pequeñas explotaciones rurales y cultivos específicos del norte del país.

Mientras, Cantabria ha afirmado que “no ve a la España verde” dentro de los reglamentos que se están redactando para la futura PAC, tras mostrar su preocupación por la postura de la UE acerca de la relación entre el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la ganadería.

Aragón ha rechazado cualquier giro hacia enfoques sectoriales en el diseño de la política agrícola, puesto que -en su opinión- se deben apoyar más determinados perfiles, como son los agricultores familiares, los jóvenes y las mujeres en el campo.

A favor de dirigir la PAC a las pequeñas y medianas explotaciones se ha posicionado también Castilla-La Mancha, que ha expresado su apoyo a las ayudas acopladas y sectoriales a la ganadería extensiva y al olivar de bajo rendimiento.

La Comunidad Valenciana ha pedido que se reconozca su “singularidad agraria”, mediante el apoyo a los pequeños productores, mientras que La Rioja ha considerado que se está avanzando hacia una reforma que profundice en el “enfoque de género” y defienda la agricultura “familiar y profesional”.

La negociación pesquera de fin de año

Planas y los consejeros han abordado los temas principales del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE de la próxima semana en el que se debatirán los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de pesca para 2021.

Este miércoles, el ministro ha analizado con los consejeros de Pesca de Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Cataluña y Baleares la negociación pesquera. También en esa reunión comunitaria se abordaran determinados recursos pesqueros de especies profundas para 2021 y 2022 así como la actividad en el Mediterráneo.

El ministro ha dejado claro su desacuerdo con las propuestas que más afectan a los intereses del país, nombrando especialmente la bajada que la Comisión plantea de un 13 % en capturas de la merluza sur.

Planas ha dicho que España está “en desacuerdo” con esa proposición al ser una especie de “gran valor”.
En especies profundas, ha plasmado su preocupación por el besugo porque, aunque todavía no se conoce la propuesta de captura, la recomendación del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) es de TAC cero.

Ha añadido que se está intentando reforzar el conocimiento y estudio científico de esta población para que “se pueda progresar en relación con las capturas”.

También cree que no hay lugar a aplicar reducción de cuotas en el lenguado, el abadejo o la cigala y está en contra de reducir un 15 % los días de actividad en el Mediterráneo, tal y como propone la CE.

Según el ministro, los pescadores del Mediterráneo ya han hecho un esfuerzo en 2020 para bajar un 10 % sus días de trabajo y es el momento de tener en cuenta también la sostenibilidad económica y social, aparte de la medioambiental.

Por todo ello, ha calificado de “excesivo” el esfuerzo pedido desde Bruselas para 2021 y trata de ver “en qué medida” se consigue modificar la intención de la CE.