Diferentes patronales han compartido con EFE Agro los documentos que han trasladado previamente a las formaciones políticas de cara al 29 de noviembre, en un contexto de elevados costes en la cadena y tensiones internacionales que están poniendo en jaque de nuevo a un sector que se examina cada día.
La Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha reclamado que se concrete el reconocimiento del carácter esencial de la industria de alimentación y bebidas y, de esta forma, ser tenida en cuenta en el diseño de las políticas nacionales y europeas.
Sobre acciones concretas, la federación ve imprescindible, por ejemplo, incorporar incentivos fiscales a la inversión productiva, la modernización de instalaciones, así como evitar aquellas figuras tributarias nacionales que puedan generar desventajas competitivas respecto de otros países de la Unión Europea, como el impuesto al plástico.
Planes ante los impactos externos
Esta industria, que es un caso de éxito en internacionalización y en un contexto de vaivenes contantes sobrevenidos, piden también contar con un conjunto de mecanismos previamente definidos que se activen ante la imposición de aranceles, barreras sanitarias o restricciones injustificadas, aportando previsibilidad a las empresas.
También se apuesta por impulsar la conclusión de acuerdos con terceros países, como Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Malasia, y la ratificación de Australia, México, Filipinas, Indonesia e India.
Y hay un aspecto que preocupa a la industria y a la distribución, que es la realidad del empleo, pues ambas cadenas son intensivas en mano de obra.
FIAB, en concreto, ve necesario que se evalúe el impacto sobre empleo, inversión, productividad y competitividad «antes de introducir nuevas medidas laborales o salariales».
Los súper y la presión sobre los costes
Por su parte, la distribución alimentaria destaca la «creciente presión sobre sus costes energéticos, logísticos, laborales y operativos», a la que se suma una carga regulatoria «excesiva, compleja y fragmentada».
Este dibujo compromete la competitividad, la inversión y la creación de empleo, según ha compartido la patronal Asedas con EFE Agro.
Así, sus prioridades pasan por reducir los costes y revisar aquellas leyes que introducen cargas adicionales y limitan la flexibilidad organizativa, además de la urgencia para «abordar el absentismo mediante medidas eficaces».
Los supermercados también han solicitado una simplificación normativa y «calendarios claros», así como «mejorar el diálogo con las administraciones y elevar la consideración política del sector», en línea con lo expuesto por FIAB.
Presupuestos y menos impuestos
Hace solo unas semanas, en su congreso en Sevilla, la patronal de gran consumo Aecoc expuso de manera pormenorizada sus necesidades al futuro Ejecutivo.
Además, solicitaron consensos en asuntos clave e invertir en la productividad para mantener el modelo de bienestar y llevar a cabo una política migratoria «sensata y ordenada».
En materia laboral, se abogó por capacitar a los trabajadores, trabajar en el tamaño de las empresas y combatir el absentismo laboral que, según sus datos, tiene un coste anual de 36.000 millones de euros.
Otro nexo de reclamaciones es la «hiperregulación», multiplicada por tres desde 2019, según Aecoc.
