Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han asegurado a Efeagro que, a diferencia de esos 13 países, el Ministerio español "no plantea la retirada" de la propuesta, aunque defiende las dificultades económicas que implica la transición en los plazos que se plantean -entre 18 y 36 meses-.

El MAPA considera que ampliar el periodo transitorio permitiría explorar alternativas "más plausibles" al plomo, evitando las dificultades de las alternativas existentes, que implican "riesgos para la seguridad del usuario", debido al mayor riesgo de rebotes.

Las mismas fuentes apuntan a que el "responsable último" de la decisión es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La oposición de los Estados Miembros se fundamenta también en las dificultades que el cambio puede generar sobre las labores de control poblacional, fundamentalmente en jabalíes y, en la península Ibérica, en conejos.

Confluencia entre la Federación y el Ministerio

La Real Federación Española de Caza (RFEC) difundió un comunicado el pasado martes en el que rechazaba la propuesta de los investigadores y respaldaba la posición del Ministerio en la necesidad de aplicar una moratoria.

La RFEC argumenta que "no existen estudios" que analicen el efecto de su prohibición en el contexto socioeconómico y ambiental en España, así como la importancia de la caza como "principal herramienta" de gestión para hacer frente a realidades como el incremento de los daños agrícolas causados por la fauna silvestre.

Además, en el comunicado, ha rechazado la afirmación de los investigadores sobre el posible destino de los animales "para alimentación humana o animal".

Según la RFEC hay una "imposibilidad práctica" de introducir estos canales en los circuitos de donación o mercados, así como la "imposibilidad operativa" de gestionar los excedentes.

Una transición adecuada

Tanto el Ministerio como la Federación coinciden en que una transición apresurada podría generar problemas.

El MAPA defiende la importancia del "adecuado control de poblaciones sobreabundantes", ya que considera que tiene un impacto económico, social y medioambiental que "debe contemplarse" para evitar los riesgos de una transición inadecuada.

Mantiene una postura "abierta e integradora", en la que defiende que la propuesta pueda realizarse en el menor tiempo posible, "cumpla con su objetivo medioambiental" y garantice la sostenibilidad social y ambiental.

La RFEC entiende que la prohibición del plomo es un objetivo común, pero ha advertido que convertirlo en una batalla ideológica "solo conseguirá enfrentar a los colectivos interesados" y dificultar la aplicación.