El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, estima que la incidencia en la flota pesquera española de un brexit sin acuerdo sería "limitada" porque la mayoría de los barcos que faenan en los caladeros británicos también pescan en otras zonas, como el oeste de Irlanda.

Planas se ha referido a las consecuencias del Brexit en la pesca y agricultura españolas en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar las instalaciones del centro tecnológico vasco Azti en Derio (Bizkaia), donde ha mantenido una reunión con el viceconsejero vasco del mismo ramo, Bittor Oroz.

Tras expresar su preocupación por "el día después de un Brexit sin acuerdo", Planas ha recordado que España tiene la mayor flota pesquera de la UE, aunque ha considerado que "no sería la más afectada".

En ese escenario, según ha explicado, se aplicarían dos reglamentos comunitarios; uno de ellos relativo a la salida de los barcos de los caladeros británicos y otro sobre las ayudas por interrupción de pesca cuando no se renuevan los acuerdos internacionales.

"La incidencia en nuestro caso sería limitada porque buena parte de los barcos que pescan en caladeros británicos también faenan en otras zonas, como el oeste de Irlanda, y porque muchos de estos barcos son de sociedades mixtas con pabellón británico, pero en realidad son de capital español o de otros países comunitarios", según ha expuesto.

Ha recordado, asimismo, que en el ámbito alimentario, mil camiones españoles se desplazan todos los días desde Calais (Francia) a Dover (Gran Bretaña) y ha resaltado que el Gobierno aprobó hace unos días un decreto ley para proteger los intereses empresariales y de los ciudadanos frente al Brexit sin acuerdo.

También se ha referido a la entrada en vigor el pasado 1 de enero de acuerdo de la UE sobre los descartes, que obliga a que los pesqueros desembarquen todas sus capturas en el puerto para controlar que no tiran al mar las no deseadas, lo que incide en el cálculo de las cuotas de pesca asignadas.

El ministro ha asegurado que el balance desde el 1 de enero es "razonablemente positivo, salvo alguna incidencia" y que "se ha salvado la actividad de la flota española", pese a las implicaciones ambientales, económicas y laborales.

"Ahora se trata de darle un valor a lo descartado una vez que llega a puerto, para que además del factor ambiental -que está detrás del acuerdo de la UE- también exista una repercusión económica".