La iniciativa, propuesta por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene por objetivo «desarrollar» la normativa vigente sobre figuras de calidad diferenciada supraautonómicas.
En el documento figuran, entre otros conceptos, el reconocimiento de consejos reguladores -incluyendo los que sean corporaciones de derecho público-, la creación de un sistema unificado de información de operadores que faciliten la supervisión y la definición de las funciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en el control de este tipo de figuras legales.
Además, precisa la tasa que se debe pagar a la AICA como contrapartida por sus trabajos «de inspección y control oficial» en este ámbito.
Competitividad e internacionalización
El Real Decreto aprobado hoy se adapta así al reglamento comunitario sobre esta materia y otorga a la Dirección General de la Industria Alimentaria la responsabilidad de decidir cuál es el sistema de control adecuado para cada DOP e IGP.
Desde el Ministerio han recordado que estas figuras legales son «reflejo de la calidad de las producciones y elaboraciones del sector agroalimentario español» y suponen un elemento clave «para reforzar su competitividad y su capacidad de internacionalización«.
