La Comisión vota a favor de los cuatro textos de la reforma y, previsiblemente, será sometida a votación en el pleno del Parlamento Europeo antes de que finalice el año.
La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) votó ayer a favor de los cuatro textos legislativos de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), ya consensuados con los Estados miembros y la Comisión Europea (CE), y una vez acordados los aspectos relacionados con el presupuesto.
La comisión parlamentaria aprobó los reglamentos sobre pagos directos (31 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones), la organización única de los mercados agrícolas (27 votos a favor y 14 en contra), ayuda al desarrollo rural (35 votos a favor, tres en contra y 3 abstenciones) y financiación, gestión y seguimiento de la PAC (35 votos a favor y 6 en contra).
A continuación será el pleno de la Eurocámara la instancia que deba dar el visto bueno definitivo -probablemente en la segunda quincena de octubre, según el PE- al acuerdo sobre la política agrícola que se aplicará entre 2014 y 2020 (aunque el primer año será de transición entre la antigua y la nueva legislación).
Reunión previa
Representantes del Consejo, de la Eurocámara y de la Comisión consiguieron la semana pasada zanjar las diferencias que mantenían en relación con aspectos vinculados al próximo presupuesto comunitario para esos siete años.
El Parlamento aspiraba a que, de manera obligatoria, se fijara el límite máximo de 300.000 euros ayudas por explotación, algo que no salió adelante.
El acuerdo obliga a reducir progresivamente los pagos a grandes explotaciones
Sin embargo, el acuerdo sí que obliga a reducir progresivamente los pagos a las grandes explotaciones a partir de los 150.000 euros, y permite la posibilidad de asignar hasta un 85 % de financiación comunitaria a los proyectos de desarrollo rural en las regiones más deprimidas y en las regiones ultraperiféricas.
A excepción de esos detalles, el grueso de la reforma -que se negocia desde 2011- se cerró en junio.
La nueva PAC, que contará con la mayor partida del presupuesto de la Unión en los próximos siete años (400.000 millones de euros, de los que España espera percibir más de 50.000) garantizará hasta un 30 % de los pagos directos a prácticas ecológicas y un reparto más equitativo de las ayudas entre los agricultores europeos.