La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado ha aprobado este miércoles su dictamen sobre la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, con lo que pasa a su debate y a su votación, previsiblemente la semana que viene, por parte del Pleno de esta cámara.
El dictamen ha sido aprobado con 16 votos a favor -los del PSOE y ERC-, las abstenciones de los senadores de los demás grupos parlamentarios (14) y sin votos en contra.
El proyecto que examinará el Pleno incluye 169 enmiendas y si hay cambios respecto al texto que llegó del Congreso sería reenviado a esta última cámara de nuevo para su ratificación final.
En el debate, la mayoría de los senadores han dado por defendidas sus enmiendas y solo los representantes del PP y del PSOE han hecho una exposición más detallada de su posición sobre la nueva Ley, proyecto central del Gobierno en esta legislatura en lo que afecta a la regulación de los caladeros.
Esta revisión legal afecta a la flota española, compuesta por 8.732 barcos, 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos.
La Ley de Pesca Sostenible incluye novedades en el reparto de las cuotas, aunque el Congreso las suavizó respecto a las que propuso el Gobierno.
El grado de reserva pública de las cuotas por parte de la Administración es uno de los puntos más controvertidos.
El Congreso lo fijó en el 5 % de las cuotas y solamente en casos excepcionales en el 10 %, frente al 3 % actual y al 10 % que proponía el Ejecutivo.
El proyecto de ley establece que las posibilidades pesqueras que en dos ejercicios consecutivos no sean utilizadas pasarán a ser propiedad de la Administración, salvo en casos justificados.
Asimismo, el texto modifica los “coeficientes reductores” que determinan la jubilación, en favor de colectivos como los de las rederas o las neskatillas.
El senador Manuél Miras (PSOE) ha declarado que esta ley responde a la “triple sostenibilidad” (ambiental, social y económica) de la pesca y que contribuirá a la digitalización, al apoyo contra la actividad ilegal, a la investigación científica y a la financiación del sector para la mejora de su competitividad.
Por el contrario, en nombre del Grupo Popular -que ha presentado más de 50 enmiendas- Jorge Martínez Antolín y Amaya Landín han señalado que el proyecto legislativo “deja mucho que desear” y han pedido que sus modificaciones salgan adelante en el Pleno.
