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Durante mucho tiempo, el objetivo de la Unión Europea (UE) para otorgar los subsidios agrícolas ha sido avanzar en una mayor protección ambiental. Sin embargo, estas ambiciones no han generado el impacto ambiental deseado, según dos investigadores.
Cada siete años, los legisladores europeos acuerdan el esquema de subsidios agrícolas para repartir miles de millones de euros de la UE, esto es, la Política Agrícola Común (PAC). En las dos reformas, la de este año y la de 2014, se ampliaron sobre el papel la promesas de la PAC sobre la protección del medio ambiente y el clima.
Pero estas medidas no han producido el efecto deseado, según señalan Pascal Grohmann y Peter Feindt de la Universidad Humboldt de Berlín en un artículo publicado recientemente y que analiza la literatura sobre la implementación de la PAC en Alemania en el periodo de financiación 2014-2022.
“La protección del medio ambiente fue uno de los tres objetivos principales de la PAC 2014-2022 y también una serie de instrumentos que abordan este objetivo ambiental”, señala Grohmann en una entrevista con EURACTIV.
“Sin embargo, el impacto general de estos instrumentos respecto al objetivo ambiental es bastante bajo”, añade.
“El diablo está en el detalle”
Para los dos investigadores, hay una razón principal de esta brecha entre la ambición y el resultado que a menudo se pasa por alto: una vez que se ha establecido el curso político para un nuevo periodo de financiación de la PAC, el personal administrativo de los estados miembros individuales y, en el caso del sistema federal de Alemania, el de las regiones aún deben resolver muchos detalles.
Se trata de una área política muy técnica y compleja como los subsidios agrícolas, en el que el aparato administrativo tiene un margen de maniobra considerable y suele debilitar los instrumentos originalmente ambiciosos, según las conclusiones del estudio.
“El mensaje es en el sentido de la expresión clásica: el diablo está en los detalles”, explica Feindt. Según Grohmann, un ejemplo son los llamados criterios verdes, que estaban vinculados a una parte de los pagos directos que reciben las granjas desde 2014.
Para muchos observadores era un paso importante, sin embargo las condiciones que deben cumplir las granjas alemanas para recibir estos fondos siguen siendo muy laxas, según Grohmann.
Por ejemplo, para las denominadas áreas ecológicas prioritarias como las tierras en barbecho o los pastizales solo se requería una participación mínima de al menos el 5 % del total de la tierra cultivable en Alemania, mientras que los estudios demostraron que para lograr el efecto ambiental necesario se hubiera requerido el 10 %.
Jugar a lo seguro
En resumen: si bien políticamente se fijó un alto nivel de ambición, los detalles elaborados por la administración diluyeron muchas de las medidas.
Esto significa que aquellos que quieren mantener el “statu quo” en la PAC “no tienen que oponerse a que se agreguen nuevos instrumentos”, señala Feindt, sino que “solo tienen que mantener el control sobre cómo se implementan estos instrumentos al final”.
El hecho de que el desarrollo de la PAC a nivel administrativo a menudo resulte ser tan conservador y, por lo tanto, debilite las medidas ambientales no es, en opinión de los dos investigadores, responsabilidad de los funcionarios administrativos individuales, sino que tiene razones estructurales.
Muchas veces, los funcionarios administrativos tienen que convertir las decisiones políticas en textos legalmente cerrados con presión temporal, al tiempo que están sujetos a su viabilidad práctica, condiciones por la que se tiende a ir a lo seguro en lugar de atreverse a hacer cambios importantes.
Además, existe una red tradicionalmente sólida entre la administración agrícola y los representantes de los clásicos intereses agrícolas, explica Grohmann.
“Existe este clásico triángulo de hierro entre la política agrícola, la administración y las asociaciones agrícolas”, afirma.
Escondiéndose detrás de tecnicismos
Según los dos investigadores, en el actual periodo de financiación de la PAC, que empezó a principios de año, ya están surgiendo dinámicas similares.
Por ejemplo, los planes estratégicos nacionales que establecen el desarrollo de la PAC en los estados miembros dan a las administraciones nacionales un gran margen de maniobra, incluso en cuestiones que son más políticas que administrativas, en opinión de los investigadores.
“El plan estratégico es en realidad un documento altamente político, pero con más de mil páginas es tan técnico en su forma que es casi imposible una discusión política al respecto”, enfatiza Grohmann.
Especialmente en los procesos administrativos, se deben fortalecer los requisitos de participación pública y de transparencia, y se debe involucrar a un grupo más amplio de asociaciones y expertos, agrega Feindt.
Hasta ahora, estos procesos de participación han sido demasiado limitados y normalmente han dado como resultado “la continuación de patrones de políticas arraigados”, destaca el investigador. “Y en el caso de la PAC, eso en última instancia significa apoyo a la renta para los productores agrícolas”.
