Así lo ha resaltado el MAPA en su informe de rendición de cuentas del año, en el que también figura una serie de iniciativas legislativas relativas al sector agroalimentario.

En 2022, el Gobierno ha habilitado ayudas directas de más de mil millones de euros para apoyar a los agricultores, ganaderos y pescadores frente a las consecuencias de la guerra y la sequía; además de medidas fiscales, laborales y sociales estimadas en otros mil millones.

Estas son algunas de las principales medidas que ha tomado el MAPA:

• Plan estratégico de la PAC por parte de la Comisión Europea, junto a un paquete legislativo para la aplicación de la nueva política agraria, dotada con 47.724 millones de euros para España, entre 2023 y 2027.
• Luz verde al programa español del Fondo Europeo, Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (Fempa), dotado con 1.120 millones de euros.
• Los proyectos de ley de pesca sostenible e investigación pesquera, y de prevención de las pérdidas y del desperdicio alimentario, actualmente en trámite parlamentario.
• La movilización de 450,5 millones para el segundo año del plan europeo de recuperación de la crisis del coronavirus. De esta cantidad, 303 millones corresponden al segundo convenio con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) para modernizar regadíos.
• Un primer decreto en marzo para dar respuesta al efecto de la guerra con ayudas directas por importe de 430 millones de euros para los sectores agrario y pesquero. De esa cantidad, el MAPA destinó 169 millones al sector lácteo y 193,5 millones a otros como el cárnico y el de los cítricos.
• Un paquete de ayudas al sector pesquero frente a la crisis financiado con 68 millones de euros, de los que 50 millones eran fondos europeos, a los que se suman medidas como la rebaja en el coste del combustible, descuentos fiscales, exención de cánones y medidas de liquidez.
• Un segundo decreto en junio que prorrogó la rebaja de 20 céntimos en el precio del combustible e incluyó dos nuevas medidas valoradas en 72 millones de euros: una línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios (60 millones) y la ampliación de las líneas de financiación acordadas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca), con 12 millones.
• Un tercer decreto, aprobado esta semana, que prorroga la subvención al gasóleo para uso agrario y pesquero, con un presupuesto de 240 y 120 millones de euros, respectivamente; y que fija ayudas de hasta 300 millones para la compra de fertilizantes. En total, son 660 millones de euros que se habilitarán en 2023.
• Para paliar la sequía, el Gobierno también estableció medidas coyunturales de tipo fiscal, laboral, financiero e hidrológico, estimadas en 450 millones de euros.
• La reducción en los módulos para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que el MAPA calcula que ha supuesto más de mil millones de euros de ahorro.
• El incremento de la línea de ayuda a la contratación de seguros agrarios, dotada ya con 317,7 millones de euros anuales. El último aumento de 60 millones de euros incluidos en el segundo decreto de medidas urgentes por la guerra permite elevar en 10 puntos la subvención a la contratación de las pólizas, que en algunos casos puede llegar ya al 50 % del coste.
• La creación de la Mesa del Regadío y el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío, recogidas en el plan de recuperación, el cual también contempla inversiones para las que se han distribuido entre las comunidades autónomas más de 147,5 millones de euros.
• El Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación e innovación en el sector pesquero y acuícola, al que se han destinado 57,5 millones de euros.
• El Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) del sector agroalimentario, con un presupuesto de más de 1.800 millones de euros.
• La aprobación en primera lectura, por parte del Consejo de Ministros, del anteproyecto de ley de modernización del control y la inspección y la lucha contra la pesca ilegal.