El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado este martes su preocupación por el “daño reputacional” para la exportación de frutos rojos y de frutas y hortalizas que supone la iniciativa del Parlamento de Andalucía de legalizar más regadíos en el parque nacional de Doñana.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Planas ha alertado de que “el trabajo de la inmensa mayoría de los agricultores se puede ver afectado por una iniciativa irresponsable” e “ilegal”.
Las exportaciones españolas de frutos rojos superaron los más de 1.500 millones de euros de media entre 2018 y 2022, de los que una tercera parte se corresponde con las ventas a Alemania, mientras que el 40 % del consumo de frutas y hortalizas en la Unión Europea (UE) tiene su origen en España.
“Mi mayor preocupación son la inmensa mayoría de los productores que hacen un trabajo honesto y a quienes esta medida falta de sentido está poniendo en peligro”, ha insistido el ministro.
Según Planas, la propuesta que se está tramitando en el Parlamento de Andalucía es “claramente ilegal” porque va en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenaba a España por incumplir la normativa europea y por la falta de competencias en la gestión del agua, que depende del Gobierno central y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Además, el ministro ha tachado la proposición de ley autonómica de “irreal” porque pretende “distribuir una disponibilidad de agua que no existe en aquella zona”, así como de “irresponsable” porque crea unas expectativas que no se pueden cumplir.
Ha añadido que el Gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad cuando se complete el trámite jurídico de la iniciativa y ha pedido a sus autores que den “un paso atrás”.
“Doñana es a la biodiversidad lo que El Prado es la pintura, algo que tenemos que defender, y este gobierno hará todo lo que sea necesario para que esta iniciativa no se lleve a su fin”, ha afirmado Planas.
El titular de Agricultura ha reprochado al Partido Popular y a VOX que quieran ampliar el regadío en el parque nacional fuera de sus competencias cuando “al mismo tiempo piden medidas de sequía en el contexto actual” y cuando “se sabe que no se dispone de agua”.
Ha rechazado que se puedan legalizar los numerosos pozos ilegales que existen en la zona y ha explicado que el trasvase de agua superficial previsto tampoco tiene una “disponibilidad ilimitada”.