El Gobierno ha reducido los módulos del IRPF a los productores de arroz para paliar sus problemas de rentabilidad, según ha informado la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.
La decisión fiscal supondrá una “reducción de la base imponible” por valor de cinco millones de euros para los arroceros, según García Tejerina.
La ministra ha confirmado, en el Pleno del Senado, que el Ejecutivo ha decidido dicha rebaja, para todos los productores que cotizan dentro del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que se aplicará “con efecto retroactivo” para el ejercicio correspondiente a 2017.
García Tejerina ha respondido así al senador Carles Mulet (Grupo Mixto, Compromís), quien ha preguntado por las medidas del Gobierno para paliar la “crisis” del sector,
La titular de Agricultura ha recordado que existe una ayuda acoplada a la producción arrocera de 12 millones de euros anuales, y que en 2017 el sector percibió casi 114 euros/hectárea, que se suman a otros 1.100 euros/hectárea para el cultivo.
Por otro lado, “a petición de España” se ha creado un grupo de expertos de la Unión Europea (UE) dedicado específicamente a esa producción, en el marco de un comité sobre la Organización Común de Mercados agrícolas. Los países productores han promovido un debate sobre el futuro de este segmento agrícola.
Además, dentro del real decreto sobre pagos directos y del nuevo Reglamento Ómnibus de la Política Agrícola Común (PAC) habrá “importantes cambios” que beneficiarán a a los arroceros, según García Tejerina.
Suben las importaciones
El senador ha alertado de los problemas del cultivo arrocero en España, a causa del incremento de las importaciones de orígenes como Camboya o Birmania (Myanmar), que han crecido un 822 % en la UE, mientras que el consumo solo ha subido un 5 %.
España es segundo país arrocero de la Unión Europea (UE), con un tercio del total sembrado, solo superado por Italia.
Su cultivo es importante para “centenares de familias” en Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cataluña y Aragón, aunque está “en regresión”, según Mulet.
Ha reclamado una “cláusula de salvaguardia” para fijar aranceles que frenen la entrada de producto de Camboya y otros países en desarrollo, con el fin de evitar la perturbación de precios.
Tejerina ha recordado que el pasado verano se unió a otros países productores comunitarios para pedir medidas en beneficio del sector, no solo la citada cláusula, sino también una mejora de la promoción.
