Tan solo en 2023 el área afectada por la tala subió un 44 %, el tercer aumento anual consecutivo y el mayor desde que empezaron los registros en 2018, según datos del Gobierno publicados la semana pasada.

El salto ha empañado el discurso ambientalista del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que ha abrazado la causa contra la deforestación pero aún no ha presentado acciones “contundentes” para el Cerrado, el nombre con el que se conoce la sabana, denuncian expertos escuchados por EFE.

Mientras la destrucción de vegetación nativa cayó por la mitad en la Amazonía en 2023, en el Cerrado subió y se destruyeron 7.852 kilómetros cuadrados, un área equivalente a cinco veces la ciudad de Bogotá.

Entre 2019 y 2022, bajo el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro, este ecosistema concentró el 40 % de la deforestación que hubo en Brasil y en la actualidad menos de la mitad mantiene la vegetación nativa, según datos oficiales.

Aunque no tiene las itaúbas de 40 metros de altura de la Amazonía, la sabana es una de las regiones más biodiversas del mundo, con más de 12.000 especies de flora, en su mayor parte palmeras y árboles bajos, y fauna, como jaguares y osos hormigueros.

Además, el Cerrado, que se extiende por una superficie mayor a la suma de España, Francia, Italia y Alemania, es considerado el “tanque de agua” de Brasil, al estar ubicado sobre los mayores acuíferos del continente y ser la fuente de varios ríos amazónicos.

El geógrafo e investigador Yuri Salmona, director del Instituto Cerrados, una ONG dedicada a la conservación, apunta en una entrevista con EFE a la interdependencia entre la sabana y la Amazonía.

“Se construyó una narrativa nacional e internacional de que se soluciona la cuestión ambiental protegiendo la Amazonía, como si fuese una isla”, dice.

Pese a la importancia de la sabana, Salmona denuncia un “escenario de desprotección muy grande” debido a la escasez de áreas de conservación y a una legislación muy permisiva.

El Código Forestal obliga a los propietarios rurales de la Amazonía a preservar un 80 % de la vegetación nativa en sus terrenos, pero en el Cerrado este requisito es solo del 20 %.

Es decir, gran parte de la tala en el Cerrado se lleva a cabo en propiedad privada y es legal, lo que ha favorecido la expansión agropecuaria y amenaza los recursos hídricos de la región. El 54 % del valor de la producción agrícola del país, en gran parte irrigada, viene de allí.

Retos para combatir la tala

Endurecer el Código Forestal es la vía más directa para reducir la deforestación, pero el músculo de la "bancada ruralista" en la Cámara Baja, formado por diputados de diversos partidos que defienden los intereses de los grandes propietarios de tierras, vuelve improbable una modificación, con dos tercios del pleno adscritos en ese grupo.

Descartado ese camino, expertos y sociedad civil apuestan por otras estrategias. La ONG 'Save Cerrado', por ejemplo, recauda dinero en el sector privado para luego remunerar a los propietarios rurales que no talan.

Pagan 450 reales mensuales (90 dólares/84 euros) por hectárea preservada, un precio que el director de la ONG Paulo Bellonia considera “competitivo” y con el que han logrado llegar a acuerdos para proteger 180 kilómetros cuadrados.

Sin embargo, la ONG por ahora solo tiene recursos para pagar cinco kilómetros cuadrados y busca fondos con urgencia: “El Gobierno ha mostrado preocupación, pero aún no ha presentado acciones concretas”.

La ministra de Medioambiente, Marina Silva, dijo este miércoles en declaraciones a la cadena Globo que era necesario un “pacto” con el sector agrícola para “aumentar la producción con incremento de la productividad y no con la expansión predatoria en el ecosistema”.